La Policía Nacional descubrió una presunta red que fabricaba armas de fuego con impresoras 3D en República Dominicana, una modalidad que permite producir armamento sin números de serie ni registros oficiales, dificultando la identificación de sus fabricantes y su procedencia.
Las denominadas «armas fantasmas« pueden ensamblarse clandestinamente con piezas impresas en materiales como polímeros y componentes adquiridos por separado.
Tienen capacidad para disparar municiones convencionales y causar heridas mortales, pero pueden carecer de los elementos de identificación utilizados para rastrear las armas de fabricación industrial.
La Policía informó este martes que, durante allanamientos realizados entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre en Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos, detuvo a cinco personas y ocupó seis fusiles, una ametralladora tipo Uzi, 466 cápsulas, 26 cargadores, cinco armazones, 33 kits de ensamblaje y una impresora 3D.
Uno de los principales investigados es el argentino Matías Antonio Barrera, detenido en el sector Nazareno, de Los Alcarrizos, donde presuntamente utilizaba impresoras tridimensionales para fabricar armazones de polímero y ensamblar armamento sin identificación de fábrica.
La Policía también identificó a Robert Vázquez La Paix y Starling Paniagua Montero, quienes permanecen prófugos, como presuntos distribuidores vinculados con la comercialización de más de 20 armas de fuego.
Las autoridades todavía no han precisado cuántas de las armas ocupadas fueron fabricadas con componentes impresos en 3D ni cuál fue el destino de las unidades comercializadas.
Las armas convencionales suelen contar con números de serie que permiten identificar al fabricante y reconstruir parte de su historial comercial. Las producidas clandestinamente pueden carecer de esas referencias, aunque todavía es posible analizarlas mediante pruebas balísticas y otras técnicas forenses.
Impresión 3D ilegal
La impresión tridimensional también permite producir determinados componentes en viviendas y pequeños talleres, fuera de los controles tradicionales de fabricación y comercialización de armas y dar acceso a armas de fuego de alto calibre a personas que de otra manera no pudieran tener oportunidad de obtenerlas.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha advertido sobre los riesgos asociados a la fabricación privada de armamento, la circulación de diseños digitales y las dificultades para identificar armas que carecen de marcajes de fábrica.
República Dominicana ya había sido identificada como destino de este tipo de armamento.
En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la condena de Robert Alcantara, residente de Rhode Island, a 68 meses de prisión por traficar más de 100 armas fantasma hacia territorio dominicano.
Alcantara operó entre 2017 y enero de 2022 un taller clandestino donde ensamblaba armas a partir de kits incompletos para comercializarlas en República Dominicana.
En aquel expediente, las armas eran ensambladas en Estados Unidos. La investigación anunciada ahora documenta la presunta fabricación de componentes mediante impresoras 3D dentro del territorio dominicano.
En septiembre, el Ministerio de Interior y Policía ya había advertido sobre las prohibiciones aplicables a la fabricación ilegal de armas mediante impresión tridimensional, conforme a la Ley 631-16.
La legislación dominicana sanciona la fabricación de armas sin autorización y establece controles sobre sus componentes. Las autoridades deben identificar los talleres clandestinos, rastrear las piezas utilizadas y determinar las redes responsables de su comercialización.
