El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó este viernes un informe que evidencia avances en la transformación institucional y la eficacia del sistema de justicia en República Dominicana, aunque señala desafíos estructurales que continúan limitando el acceso efectivo.
El informe, titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, fue elaborado con datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales. En él se destacan progresos en transformación digital, gestión judicial y cumplimiento de plazos, señala una nota de prensa.
Estos resultados han sido reconocidos a nivel internacional. Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, el país ocupa el puesto 76 de 143 naciones, con una mejora de 2.1 % en su puntuación general, lo que lo posiciona como un caso positivo en un contexto global de deterioro institucional.
Entre los principales hitos figura la implementación de la Ley número. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, así como la firma digital de más de tres millones de documentos.
Actualmente, cerca del 66 % de los trámites se procesan de forma electrónica. Además, se reporta una reducción de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.
El documento indica que, a partir de reformas iniciadas en 2020, el sistema ha alcanzado una capacidad resolutiva promedio de 94.9 % a nivel nacional. Sin embargo, persisten diferencias territoriales. Mientras el Distrito Nacional registra una tasa de resolución de 100.5 %, provincias como Santo Domingo y Monte Cristi presentan 90.8 % y 87.9 %, respectivamente.
El PNUD subraya que el acceso a la justicia está condicionado por factores como la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local.
El análisis incluye un estudio de opinión no representativo que recoge percepciones de usuarios del sistema. Un 36.3 % de los consultados afirmó haber enfrentado obstáculos en sus procesos judiciales, principalmente por demoras, costos legales y deficiencias en la atención.
Asimismo, sostiene que siete de cada diez personas encuestadas desconocen la existencia de servicios digitales para consultar casos o realizar trámites, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la difusión de estas herramientas.
El informe también advierte sobre limitaciones en recursos humanos y financieros. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes bajó de 7.4 a 6.6, mientras que el presupuesto del Poder Judicial se redujo de 1.05 % del presupuesto nacional en 2019 a 0.87 % en 2025. Esta cifra contrasta con países como Costa Rica, donde el sistema judicial recibe cerca del 4 % del gasto público.
Recomendaciones del PNUD
El PNUD plantea que fortalecer la justicia debe asumirse como una inversión estratégica para el desarrollo humano, en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre sus recomendaciones, propone reforzar la articulación interinstitucional, promover una justicia de proximidad, ampliar el uso de la tecnología, planificar con base en datos y aplicar políticas diferenciadas según las características de cada territorio.
También resalta la importancia de involucrar actores comunitarios y fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
- Los hallazgos fueron presentados durante la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación de representantes del sistema judicial y del PNUD.
