Como parte de un proyecto que busca dotar al Gobierno de recursos adicionales para contener el déficit fiscal y ayudar a mantener el gasto en protección social, ayer fueron anunciadas una serie de medidas recaudatorias, entre las que se destaca un incremento de la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) a las grandes empresas y el porcentaje que se cobra a las transferencias electrónicas.
La iniciativa tributaria, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, también propone la eliminación de algunas figuras impositivas, reducción de tasas en otras y cambios en el pago del anticipo para las empresas pequeñas y la supresión de ese tributo para las micro.
Además, contempla varias medidas que, según Díaz, van a contribuir a combatir la evasión, como el pago del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) en las aduanas dominicanas para los contribuyentes informales y otorga poder de veto al ministro en cuanto a las empresas que buscan ser favorecidas con leyes de incentivos fiscales.
Aunque el funcionario reconoció que el paquete de medidas, que se depositará en el Congreso Nacional a inicios de la próxima semana, no resolverá el problema estructural de déficit de las fianzas públicas “nos va a ayudar un poco a sobrellevar esta crisis”.
“Hemos diseñado un paquete bastante razonable, quienes están pagando son los contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Pudiera haber más recaudación porque hay medidas para combatir la evasión, que a priori es difícil de cuantificar”, explicó.
Recaudación y déficit
El proyecto, que busca recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, a penas implica un 17.8 % del déficit fiscal estimado para 2026, que se presupuestó en 280,575.3 millones de pesos y que el propio Díaz adelantó terminará siendo superior a ese monto.
Adelantó que solo para hacer frente al subsidio eléctrico este año se van a necesitar entre 20,000 y 25,000 millones de pesos adicionales y advirtió que “en el corto plazo no hay forma de bajarlo”.
El titular de Hacienda y Economía detalló que el ISR a las grandes empresas aportaría al fisco 15,000 millones de pesos, el aumento del impuesto a la transferencia y cheques más de 8,000 millones, el alza de los 10 dólares a los pasajes aéreos entre 7,000 millones y 8,000 millones de pesos y el incremento de las tasas a los juegos de azar recaudaría entre 2,000 y 3,000 millones.
“Esto es lo que es políticamente viable. Esta es una economía que no está creciendo 6 %, como antes, entonces hay que balancear. El Gobierno está haciendo su cuota: reasignando gastos, parando gastos no prioritarios para redirigir a los subsidios, coordinando la política fiscal y monetaria, claves para la estabilidad del país”, señaló.
Inflación y reformulado
El funcionario, que insistió en destacar el impacto de la guerra en Medio Oriente para las finanzas del Estado, adelantó que en julio estarán enviado al Congreso un presupuesto reformulado “porque necesitamos apropiar recursos para los subsidios” y por el incremento del déficit.
De igual forma, no descartó que, además de la modificación presupuestaria que presentarían el mes que viene, tengan que realizar otra a finales del año.
Sobre el impacto del proyecto de modificación fiscal en algunos de los indicadores macroeconómicos, el ministro de Hacienda y Economía dijo que esperan “un poco más de inflación, como es normal, y el éxito lo mediremos a final de año, con la combinación de crecimiento-inflación y un déficit fiscal que probablemente sea mayor al presupuestado, pero que sea razonable”.
Validado por Abinader
De acuerdo con lo revelado por Magín Díaz, el proyecto fiscal fue validado por el presidente de la República, Luis Abinader, indicando que las medidas son razonables. Es la segunda vez que la actual gestión de Gobierno presenta una iniciativa tributaria, luego de que en 2024 el anterior ministro de Hacienda, Jochi Vicente, depositara en el Congreso Nacional una propuesta de reforma, la cual luego fue retirada.
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Se elimina el 2 % del impuesto a las hipotecas. Es un tributo que se paga cuando se pide un préstamo para una vivienda.
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Se suprime el 1 % del impuesto a la constitución de compañías (con efecto inmediato).
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Se elimina el impuesto selectivo a los seguros de vida.
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Se derogan los anticipos a microempresas (beneficiará el 78 % de las 140,000 empresas que reportaron ISR el año pasado).
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Al sector agropecuario se le quita el anticipo e impuestos a los activos (se dejara establecido en el Código Tributario).
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Derogaría leyes tributarias obsoletas:
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La Ley de Impuesto a los Fósforos, de 1935.
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La Ley de Control de Estampillas, de 1966.
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El impuesto a las transferencias electrónicas aumenta de 0.15 % a 0.20 %. El 80 % de ese tributo lo pagan las empresas, según el ministro Magín Díaz.
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Aumento transitorio (de tres años) de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial hasta un 30 %, solo para empresas con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos al año. Medida impactará a más de 1,000 empresas.
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Fija una tasa del impuesto selectivo a los cigarrillos electrónicos de un 55 %.
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Aumento de la tasa de tributación de casinos y juegos de azar.
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Aumento de 10 dólares a los pasajes aéreos.
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Se crea un nuevo tramo del ISR personal a tasa de 27 % para salarios mayores a 400,000 pesos mensuales.
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Propone la devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos.
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Para las empresas pequeñas el pago del anticipo, en lugar de ser mensual, será tres veces al año, como las personas físicas.
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Se formalizan acuerdos de pago en el Código Tributario. Se detallarán para evitar discrecionalidad por parte de la DGII.
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Se reducen las tasas por recargo. Se le impondrá un tope del 100 % del impuesto.
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Propone una amnistía de deudas tributarias hasta el 31 de diciembre (plazo para acogerse). Y tendrá hasta 12 meses para pagar.
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Descuentos por pronto pago para los contribuyentes que se quieran regularizar, para evitar discrecionalidad.
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Se indexa el impuesto sucesoral y de donaciones, pasando de 500 y 1,000 pesos a un millón y 2 millones de pesos.
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Para transmisiones (de bienes) de padres a hijos el impuesto sucesoral baja de 25 % a un 3 %.
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Se indexará el mínimo imponible y franja del impuesto sobre la renta, que no se hace desde 2017. Será de un 15 %, con lo cual quedará exento del ISR el 85 % de los asalariados del país.
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El impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles, en el caso de personas físicas, se reduce de un 25 % a un 10 %.
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La deducción de gastos educativos pasa de 25 % a un 30 %, pero aumenta a 50 % para quienes tienen hijos con discapacidad, autismo u otras condiciones.
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Se amplía el régimen simplificado de tributación:
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En el caso de las personas físicas y el sector agropecuario, pasa de 12 millones de pesos a 15 millones.
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El régimen simplificado de compras para negocios sube de 55 a 60 millones. Se crea un rango nuevo para pequeños negocios hasta 30 millones en ingresos.
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Se establece el régimen de percepción de ITBIS en Aduanas para contribuyentes informales, a menos que se formalicen ante la DGII.
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La trazabilidad fiscal, que ya se aplica en alcohol y cigarrillos, se va extender a los combustibles.
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El ministro de Hacienda y Economía tendrá poder de veto en las leyes de incentivos para evitar abusos por parte de empresas que se quieren clasificar “claramente para evadir o eludir impuestos”.
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Se aumentarán las retenciones por concepto de ISR a un grupo de contribuyentes “difíciles de gravar”. En el caso de las personas físicas, que se le retiene 10 %, pero tiene que pagar un 25 % a final del año, en lo adelante será un 15 %. Esto ayuda a combatir la evasión porque muchas personas luego no declaran, explicó el ministro.
