El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP)pidió al presidente Luis Abinader este jueves para que disponga un “alto al fuego” ante las muertes registradas durante operativos policiales que las autoridades reportan como supuestos intercambios de disparos.
El planteamiento fue realizado por el abogado Cándido Simón, quien habló en representación del organismo y sostuvo que la Policía Nacional tiene la facultad y la obligación de identificar y detener a las personas en conflicto con la ley, pero no de matarlas.
Afirmó que los datos estadísticos dados a conocer en Fuerza de Tarea, señalan que 142 personas han muerto este año en intercambios de disparos y cuestionó que no se hayan presentado videos de las cámaras que utilizan los agentes durante esos operativos para determinar si realmente ocurrieron los enfrentamientos.
El abogado también citó los datos correspondientes a septiembre, según los cuales afirmó, de 99 muertes registradas, 45 fueron atribuidas a actuaciones policiales, 34 a conflictos interpersonales y 10 a personas identificadas como delincuentes.
Además, el IDDP pidió a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, disponer investigaciones independientes en cada caso en que se alegue un intercambio de disparos.
El abogado también afirmó que matar a personas señaladas como delincuentes no ha reducido la delincuencia en ninguna gestión policial ni en ningún gobierno.
“Como las calles se han convertido en un campo de batalla, nosotros le estamos requiriendo formalmente a él que ordene un alto al fuego”, manifestó.
Cuestionan protocolos policiales
De su lado, el abogado Manuel Sierra señaló que en el país no está instituida la pena de muerte y que la Constitución la prohíbe.
“Tenemos un Código Procesal Penal y la pena de muerte no está instituida en la República Dominicana”, afirmó Sierra.
El jurista sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR), como institución encargada de la investigación y de la recolección de pruebas y evidencias, debe determinar en cada caso las circunstancias en las que ocurrió la muerte de una persona durante un supuesto intercambio de disparos.
Sierra cuestionó que no se hayan levantado actas que permitan determinar si los hechos correspondieron a una actuación policial en legítima defensa o a otras circunstancias.
También pidió que el director de la Policía Nacional presente públicamente el protocolo utilizado por los agentes durante este tipo de operativos, con el propósito de evitar violaciones a los derechos fundamentales.
“Hay una cosa que se llama la dignidad humana. Aquí, a un alegado delincuente, lo único que tiene la Policía Nacional para justificar el asesinato es, supuestamente, que tiene una ficha, que tiene una orden de arresto y conducencia o de captura, y que, a condición de eso, entonces merece la muerte. Cuando ni siquiera se lleva a cabo alguna forma de controlar al alegado delincuente. Nosotros nos preguntamos, como instituto: pero, si esa persona tiene una ficha, está debidamente identificada, ¿no hay una forma de reducirlo? Todos cuentan con armas de fuego. ¿Por dónde ingresaron las armas? ¿Quién se las suministró? Entonces, aquí hay muchas cosas que aclarar”, expresó.
El representante del IDDP afirmó en que el reclamo de la institución está dirigido a la protección de la vida y no a la protección del delito.
“Nosotros lo que estamos exigiendo ahora es la protección de la vida, no del delincuente. Rayamos esta expresión para que quede claro, para que no pretendan encasillarnos los que justifican los homicidios y los asesinatos”, afirmó.
