El exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, rompió el silencio este viernes y, por primera vez, asumió personalmente su defensa ante los tribunales, en el proceso judicial que lo vincula a una presunta estafa contra el Estado.
Con firmeza, afirmó que “la verdad prevalece”, en medio de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
Tras más de tres años en los tribunales, el exfuncionario decidió hablar ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, subrayando que durante todo ese tiempo ha mantenido una postura de respeto al debido proceso en el caso conocido como Operación Calamar.
Durante su intervención Peralta defendió su inocencia y denunció profundas carencias del sistema judicial respecto a la protección de la imagen pública de los ciudadanos.
Calificó como una «triste realidad» que, tras ocupar las primeras planas de los diarios y sufrir un menoscabo moral irreparable, el ciudadano se encuentre en un estado de indefensión legal. «Eso tiene que cambiar, porque cuando logremos eso, cambiará fundamentalmente el curso de la aplicación de justicia en nuestro país», sentenció.
El empresario hizo un llamado directo a la investidura judicial para que el fallo se fundamente estrictamente en el rigor de las pruebas y no en la presión de la narrativa social, las cuales sirven como un linchamiento mediático, lejanos a la verdadera justicia.
«No permita que la percepción reemplace la evidencia, ni que la especulación suplante la verdad«, expresó, apelando a lo que denominó como una «contundencia de la ausencia de pruebas» en el fondo del expediente que se le sigue.
Su defensa
Peralta sostuvo que sus abogados han desmontado “punto por punto” lo que calificó como una narrativa «sin objetividad y carente de sustento legal«. Asimismo, afirmó que su intervención no solo responde a la defensa jurídica, sino también a la protección de su honor y el de su familia.
“No hablo solo por la justicia que debe ser ciega, hablo por mi honor y el de mi familia, que han sido el motor de mi resistencia en estos más mil días«, manifestó.
El exministro reiteró que mantiene su compromiso de demostrar «la injusticia» de las acusaciones en su contra, asegurando que su fe y confianza en la verdad permanecen intactas.
El exministro figura entre los principales señalados por los fiscales de «crear una estructura criminal» desde Hacienda, Contraloría, Bienes Nacionales y el Consejo Estatal de Azúcar, para afectar al Estado con más de RD$41,000 millones, a través del pago irregular de propiedades declaradas de utilidad pública, financiamiento ilícito de partidos políticos y en el cobro irregular a bancas de apuestas.
El expediente incluye también a los exministros Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, de Hacienda y de Obras Públicas, respectivamente, como también al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, así como el exsenador de Azua, Rafael Calderón.
