A estas alturas, la mayoría de las personas conocen sobre el caso del Ueno Bank de Paraguay, la destitución del presidente del país, la reestructuración del gabinete y la designación de un nuevo gobernador del Banco Central, entre otros hechos políticos. También es de conocimiento los efectos del caso sobre los ahorros administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS), una institución estatal de la seguridad social.
El Ueno Bank fue una financiera que, transformada en banco digital, llegó a convertirse en una entidad tan grande que realizaba más de un tercio de todas las operaciones del sistema financiero. La transición de financiera a banco se produjo hace menos de tres años, en diciembre de 2023, meses después de asumir el expresidente Peña. A inicios de noviembre, el Ministerio Público de Paraguay imputó al expresidente de la República, al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), al superintendente de bancos y a tres directivos del BCP. De acuerdo con la acusación, los implicados cometieron presuntas irregularidades en favor del Grupo Vázquez y del Ueno Bank; el primero, un conglomerado empresarial vinculado al segundo.
De la acusación y de los hechos de dominio público, este sería otro caso más en el cual la mano visible del poder estatal se asocia con el privado para beneficio de ambos. Dentro de la teoría del Public Choice, o de la elección pública, puede ser calificado como un caso de búsqueda de rentas o rent seeking. Grupos de la sociedad procuran obtener rentas confabulados con los funcionarios. De acuerdo con la acusación, la supervisión bancaria ignoró lo que sucedía, incluso desde lo más alto del BCP. La búsqueda de rentas se da desde la protección contra la competencia por medio del establecimiento de aranceles y trabas a las importaciones, hasta violaciones a las leyes.
El caso también puede relacionarse con el problema de agencia. Este ocurre a diario, ya que el principal, los ciudadanos, confían dinero y poder al agente, los políticos. En el caso particular del Ueno Bank, hubo un problema de mala supervisión y uno de mal manejo de los propios recursos públicos. De acuerdo con las denuncias, el Estado realizó importantes depósitos de recursos del pueblo paraguayo en el Ueno Bank, incluyendo fondos del sistema de pensiones administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS).
El sistema de pensiones de Paraguay tiene dos esquemas de reparto que administran la mayor parte de las pensiones. Los empleados del sector público cotizan en la Caja Fiscal y los privados lo hacen en el IPS. Mientras mayor es la concentración de recursos en las manos de quien actúa al mismo tiempo como gestor de fondos y supervisor, aumenta el riesgo para los trabajadores. En el caso del banco, el supervisor le falló a los ahorrantes. Para los pensionados y cotizantes, el riesgo es mayor, ya que el Estado paraguayo actúa como administrador del fondo de pensiones, al mismo tiempo que se supervisa.
Afortunadamente, en República Dominicana existe una separación clara entre la administración de las cuentas de capitalización individual (CCI) de los trabajadores y la supervisión del sistema previsional. Este es un elemento que permite un mejor funcionamiento del sistema y minimiza el riesgo de la concentración de inversiones.
En ningún lugar debe prevalecer la máxima «Para mis amigos, cualquier cosa; para mis enemigos, la ley», atribuida al expresidente peruano Óscar Benavides. La ley y la justicia deben aplicarse sin distinción ideológica. El caso Ueno Bank no es una cuestión de etiquetas políticas, sino de presuntas violaciones de la ley y de una acción criminal señalada por el Ministerio Público.
El respeto al Estado de derecho dice mucho más de un gobierno que su etiqueta política. Un gobierno puede restringir el derecho a la vida, la libertad y la propiedad desde cualquier posición del espectro político. Lo mismo ocurre con la corrupción: las etiquetas no son relevantes. En el caso Ueno Bank como en el de Odebrecht, el caso internacional más conocido, lo fundamental es el compromiso con el cumplimiento de la ley y la exigencia de responsabilidades a quienes la infringen.
Cuando se destapó el escándalo Odebrecht, se vieron salpicados presidentes de todo el espectro político de América Latina. Por la llamada derecha, estuvieron: Álvaro Uribe, Otto Pérez Molina, Ricardo Martinelli, Pedro Pablo Kuczynski y Felipe Calderón. Por la llamada izquierda, se asoció a: Luis Inacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Mauricio Fune, Ollanta Humala, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los fundamentos explican los hechos; las etiquetas, en cambio, los someten a sesgos ideológicos. El caso Ueno Bank debe analizarse objetivamente desde el punto de vista de los incentivos de gobernantes y miembros de la sociedad civil; y desde los controles necesarios para evitar abusos de poder, no importa quién gobierne. Afortunadamente, en República Dominicana contamos con una supervisión bancaria que actúa correctamente y con un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, no en uno de reparto administrado por el Estado.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).



