La Junta Directiva del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer aseguró este lunes que el proceso judicial que involucra a exdirectivos de la institución no ha afectado la prestación de servicios ni el funcionamiento del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La entidad afirmó que la atención a los pacientes se desarrolla con normalidad y que todas las áreas asistenciales continúan operando de manera regular.
Indicó que las consultas, tratamientos, procedimientos médicos y servicios de apoyo mantienen su ritmo habitual, garantizando la calidad y seguridad de la atención que reciben los pacientes.
Asimismo, expresó que observa con respeto el curso de las investigaciones.
Señala su respaldo al debido proceso, al tiempo que manifestó su disposición de colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario.
El Patronato destacó además que el Instituto Oncológico Regional del Cibao permanece enfocado en su misión de ofrecer servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a personas afectadas por cáncer.
Solicitan prisión preventiva
Mientras tanto, el Ministerio Público solicitó este lunes la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra tres implicados en una presunta red acusada de desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer mediante un esquema de fraude y corrupción.
Los imputados pertenecen a la pasada directiva que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
De acuerdo con el órgano acusador, los involucrados habrían ejecutado diversas maniobras fraudulentas para desviar fondos millonarios provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en perjuicio de pacientes oncológicos del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
En la solicitud depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público también pidió que el caso sea declarado complejo.
La medida de coerción fue solicitada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado, quien ocupó la vicepresidencia del patronato y se desempeñó como auditora interna y externa de la institución durante la gestión de Lora Cruceta.
