El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) enfrenta una serie de litigios derivados de las desvinculaciones realizadas tras el cambio de gobierno en 2020 para profesionalizar el servicio diplomático. Varios exfuncionarios acudieron a los tribunales alegando violaciones al debido proceso y reclamando reintegros, salarios caídos e indemnizaciones.
Uno de los casos más notorios es el del diplomático Manuel Moisés Crespo Pérez, cuya destitución fue anulada por los tribunales. El Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y posteriormente el Tribunal Constitucional fallaron contra el Mirex al considerar que Crespo tenía condición de funcionario de carrera diplomática y no podía ser separado sin cumplir el procedimiento legal correspondiente.
La decisión obliga al Estado a pagar salarios acumulados desde 2020, una suma que supera los 18 millones de pesos y que continúa aumentando mientras no se produzca el reintegro. La Cancillería sostiene, sin embargo, que Crespo no prestaba servicios efectivos desde 2018 debido a licencias médicas prolongadas y que no existen registros posteriores de reincorporación formal.
Otros casos siguieron rutas similares. Juan Ramón Ávila Ceballos, exembajador alterno ante la ONU, también obtuvo una sentencia favorable en el TSA luego de ser desvinculado mediante decreto presidencial. Sin embargo, el Mirex recurrió la decisión ante la Suprema Corte de Justicia y solicitó la suspensión de su ejecución, prolongando el conflicto judicial.
En contraste, otros demandantes no lograron que los tribunales reconocieran su condición de funcionarios de carrera. Jorge Alberto de León Amparo, antiguo encargado del Departamento de México y Centroamérica, perdió su solicitud de reintegro luego de que el TSA concluyera que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción. El tribunal solo ordenó el pago de beneficios laborales pendientes.
Un resultado similar tuvo Irma Milagros Castro. Aunque reclamó salarios y compensaciones tras su desvinculación, el TSA determinó que no pertenecía formalmente a la carrera diplomática. Aun así, el tribunal ordenó al Mirex pagar parte de los beneficios económicos reclamados.
Las decisiones judiciales han reabierto el debate sobre la estabilidad de la carrera diplomática, los límites de las sustituciones masivas tras los cambios de gobierno y el impacto económico de estos litigios para el Estado dominicano.
Hasta cambios en esta administración, el servicio exterior estuvo caracterizado por numerosos “diplomáticos” que cobraban sin rendir trabajo. Muchos casos, ni siquiera podían acreditarse por tener la nacionalidad o ser residentes de los países donde se les nombró.
La nueva Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior (630-16) sustituyó gran parte del marco anterior que regulaba el servicio diplomático y consular dominicano. Creó un sistema más formal para la carrera diplomática, estableciendo requisitos de ingreso, ascensos, evaluaciones y permanencia. Incluyó, además, un régimen transitorio para que funcionarios que ya laboraban en Cancillería pudieran optar por incorporarse formalmente a la carrera diplomática. Ese aspecto ha sido central en varios de los litigios surgidos tras las desvinculaciones de 2020.
Opiniones legales aseguran que el apartado de la vieja legislación, donde se establecían diez años en el servicio quedó derogado por la Ley 41-08 de la Función Pública.
