Una coalición de legisladores de oposición depositó la mañana de este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa de inconstitucionalidad contra una disposición del Presupuesto General del Estado de 2026 que mantiene congelado el monto salarial a partir del cual se comienza a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
El recurso fue presentado por los senadores Félix Bautista y Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo; el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y el diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), junto a otros legisladores opositores.
La acción impugna el artículo 45 de la ley de presupuesto de este año, que suspende nuevamente el ajuste por inflación de la escala salarial utilizada para calcular el ISR.
El salario
Actualmente el impuesto sobre la renta comienza a cobrarse a quienes ganan más de 416,220.01 pesos al año, lo que equivale aproximadamente a 34,685 pesos mensuales.
De acuerdo con el Código Tributario, ese monto debe ajustarse cada año en función de la inflación, para evitar que los trabajadores paguen impuestos simplemente por el aumento nominal de sus salarios.
Sin embargo, desde 2017 las leyes de presupuesto han incluido una cláusula que suspende ese ajuste, lo que ha mantenido congelado el umbral del impuesto pese al aumento del costo de vida.
Según el recurso depositado ante el TC, esa práctica provoca que trabajadores cuyos ingresos reales no han aumentado terminen pagando ISR únicamente porque sus salarios suben para compensar la inflación.
La situación también ha acercado cada vez más ese límite al salario mínimo del sector privado no sectorizado, actualmente de 29,988 pesos mensuales, que se encuentra a poca distancia del nivel a partir del cual se cobra el impuesto.
El argumento del Gobierno
El debate sobre la indexación del ISR se ha mantenido durante varios años. El presidente Luis Abinader ha señalado que aplicar el ajuste por inflación sería una medida razonable, pero ha advertido que implicaría una reducción importante de ingresos para el Estado.
Según ha explicado, si se aplicara la indexación habría que buscar otras vías para obtener esos recursos o recortar partidas del gasto público.
Los argumentos del recurso
Los legisladores sostienen que la suspensión reiterada del ajuste inflacionario vulnera principios constitucionales del sistema tributario.
En primer lugar, citan el artículo 75.6 de la Constitución, que establece el deber de los ciudadanos de tributar en proporción a su capacidad contributiva. A su juicio, mantener congelada la escala del ISR obliga a pagar impuestos sobre ingresos que no reflejan un aumento real de la capacidad económica.
El recurso también cuestiona el uso de la ley de presupuesto para suspender esa regla tributaria. En ese sentido, señala que el artículo 37 de la Ley 423-06 de Presupuesto establece que las disposiciones presupuestarias «solo deben regir para el ejercicio fiscal y referirse exclusivamente al ciclo presupuestario, sin alterar de manera permanente otras leyes».
Finalmente, los accionantes alegan que la práctica afecta la seguridad jurídica, ya que la ley mantiene vigente la obligación de ajustar la escala del ISR por inflación, pero cada presupuesto bloquea su aplicación.
Con la acción directa de inconstitucionalidad, los legisladores piden al TC declarar inválida la disposición del presupuesto que suspende el ajuste inflacionario.
Si el tribunal acoge el recurso, el Estado tendría que aplicar nuevamente el mecanismo previsto en el Código Tributario para actualizar la escala salarial del impuesto sobre la renta conforme a la inflación.
