Las llamadas llegaban desde República Dominicana, pero al otro lado de la línea, la voz decía pertenecer a una de las organizaciones criminales más temidas de México: el Cártel de Sinaola. Poco después aparecían mensajes amenazantes, fotografías de escenas violentas y exigencias de dinero. El miedo era la principal herramienta de presión.
Ese es el esquema que, según el Ministerio Público, utilizaba una estructura criminal que operaba desde Santiago y que fue desmantelada este martes mediante la Operación XL526, un amplio despliegue que incluyó 28 allanamientos y dejó una veintena de personas arrestadas entre Santiago y Puerto Plata.
Según las investigaciones, la red se dedicaba de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde el país.
- La organización tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, Santiago, desde donde captaba a sus víctimas mediante anuncios publicitarios en plataformas digitales.
Con dominio del inglés y la tecnología
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la red estaba integrada por personas que dominan el inglés y utilizaban las herramientas tecnológicas para realizar actividades ilícitas.
Una vez establecían contacto con las personas, los miembros de la red ejecutaban un esquema de chantaje y extorsión basado en guiones previamente elaborados por los líderes de la organización.
Durante las conversaciones se identificaban falsamente como miembros de organizaciones criminales, entre ellas el denominado Cártel de Sinaloa, y enviaban imágenes de asesinatos y escenas violentas con el propósito de generar miedo y presionar a las personas para que realizaran pagos.
Las autoridades sostienen que estas amenazas provocaron graves afectaciones psicológicas a numerosas víctimas y sus familiares, quienes fueron sometidos a constantes actos de intimidación y coacción.
Movían dinero mediante criptomonedas
El órgano acusador explicó que los fondos obtenidos eran transferidos a través de diferentes mecanismos financieros para dificultar su rastreo. Entre ellos figuran transacciones en criptomonedas, especialmente Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos en empresas remesadoras y las denominadas transferencias espejo.
Las investigaciones también establecen que gran parte de las operaciones eran realizadas a nombre de terceros, una práctica utilizada para ocultar el origen ilícito del dinero y dificultar su trazabilidad.
«Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades», establece el Ministerio Público en un documento de prensa.
Hasta el momento no se ha establecido la cantidad de dinero que pudo mover la supuesta red.
Cabecillas arrestados
Durante los 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata fueron arrestados los presuntos líderes de la organización Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
También fueron detenidos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario, además de otras ocho personas retenidas para fines de investigación. Las autoridades informaron que un sospechoso permanece prófugo.
Jóvenes eran atraídos por el dinero
El Ministerio Público indicó que la ostentación de bienes y un aparente elevado nivel económico por parte de los integrantes de la estructura servían como incentivo para captar nuevos miembros, principalmente jóvenes residentes en Santiago y comunidades cercanas.
La operación contó con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional; HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Los detenidos serán sometidos a la justicia por presuntas violaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
