Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santiago impuso un año de prisión preventiva contra cinco presuntos cabecillas de una estructura criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y las estafas contra residentes en Estados Unidos, desmantelada recientemente mediante la Operación XL526.
La magistrada Yiberty Polanco acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el caso de tramitación compleja, al considerar la cantidad de imputados y víctimas involucradas, así como la naturaleza de los delitos investigados.
La medida de coerción fue impuesta a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena, identificados por las autoridades como los principales responsables de la organización.
En tanto, el tribunal ordenó una garantía económica de 800 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario, señalados como integrantes de la red criminal.
Estafas, extorsiones y chantajes
De acuerdo con el expediente presentado por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, la organización operaba desde el municipio de Jacagua y estaba dedicada de manera sistemática a cometer estafas, extorsiones y chantajes utilizando medios tecnológicos para captar y amedrentar a sus víctimas.
Las investigaciones establecen que los integrantes del grupo utilizaban su dominio del idioma inglés para contactar a ciudadanos estadounidenses mediante anuncios publicitarios. Posteriormente, las víctimas eran sometidas a presiones económicas a través de amenazas y mensajes intimidatorios elaborados bajo un guion previamente diseñado por los cabecillas.
Cartel de Sinaloa
Según el Ministerio Público, los imputados se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado «Cartel de Sinaloa», para infundir temor y exigir pagos. Como parte de las amenazas, enviaban imágenes de hechos violentos con el propósito de obligar a las víctimas a entregar dinero.
Las autoridades han identificado al menos 18 víctimas afectadas por las operaciones de la red, cuyos integrantes también son investigados por asociación de malhechores, delitos de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte de armas de fuego.
El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos mediante las actividades ilícitas eran posteriormente canalizados a través de criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos en empresas remesadoras y otras plataformas de pago, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos y darles apariencia de legalidad.
La Operación XL526 fue ejecutada el pasado 2 de junio por un equipo de 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales vinculados a la lucha contra el crimen organizado y los delitos transnacionales.
Los fiscales indicaron que la complejidad del caso requiere una investigación más profunda para determinar el alcance completo de la estructura criminal y el destino de los fondos obtenidos mediante las actividades ilícitas.
