Según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a enero de 2026 se registraron 773,025 empleados en la nómina pública, lo que implica un aumento de 4.8 % frente a enero de 2025; es decir, en un año se sumaron 35,273 nuevos trabajadores.
En enero de 2026, la Sisalrilrevisó la serie completa desde 2008, lo que redujo los niveles previamente publicados.
Si observamos los últimos 10 años, encontramos que en una década la nómina pública ha aumentado en 254,378 empleados.
A pesar de las medidas que buscaban restringir el aumento de la contratación de nuevos empleados anunciadas por las autoridades en septiembre de 2024, desde ese mismo mes a enero de 2026 la nómina pública aumentó un 6.4 % o 46,538 empleados.
Según la Ley General de Presupuesto, para 2026 el gasto en remuneraciones representaría 23.2 % del gasto público total. El componente más elevado de acuerdo con la clasificación económica del gasto.
El constante crecimiento de la nómina pública implica también un incremento en la cantidad de recursos que se deben destinar para sostenerla. Estos recursos provienen directa o indirectamente de la actividad productiva y por lo tanto no terminan destinándose a proyectos que realmente generen un valor económico.
El costo real de una creciente nómina pública no es únicamente el monto que se gasta en mantenerla, sino todo en lo que la sociedad tiene que dejar de invertir en la economía.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
