Fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago para conocer una solicitud de nuevas medidas de coerción contra varias personas y entidades vinculadas a la excursión en la que murió la niña haitiana Sthephora Joseph, estudiante del Instituto Leonardo Da Vinci.
Entre los señalados en la solicitud figuran la Asociación Leonardo Da Vinci, así como Eduardo Rafael Estévez Bretón, quien aparece como presidente y representante de la entidad en la asamblea que designa su junta directiva.
También fue incluido el director académico del centro educativo, Fredy Núñez, quien, según el abogado de la familia de la víctima, Miguel Valdemar Díaz, no fue llevado al proceso por el Ministerio Público.
La solicitud de medidas cautelares abarca además a los propietarios y representantes de la Hacienda Los Caballos, lugar donde se realizó la excursión, identificados como Pedro Pablo Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por el equipo legal que representa la familia de Sthepfora, que sostiene que otras personas e instituciones también deben responder ante la justicia por el hecho ocurrido durante la actividad escolar.
De acuerdo con el jurista Díaz, el Ministerio Público no hizo “ni siquiera el mínimo esfuerzo” para que estas personas fueran presentadas ante la justicia y respondieran por su posible responsabilidad en el caso.
Explicó que la solicitud fue depositada inicialmente ante la Oficina de Atención Permanente, que la remitió al juez coordinador. Posteriormente, el expediente fue enviado al Cuarto Juzgado de la Instrucción, que devolvió el caso, por lo que finalmente el juez coordinador decidió apoderar al Segundo Juzgado de la Instrucción para conocer la petición.
El abogado expresó que espera que el tribunal pueda conocer la solicitud y aplicar el derecho correspondiente en el caso relacionado con la muerte de la menor durante la excursión escolar.
Ratifican medidas
La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción fue fijada para el 26 de marzo del presente año.
La nueva vista fue programada luego de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del distrito judicial de Santiago ratificó las medidas impuestas contra tres empleadas del centro educativo Leonardo Da Vinci, imputadas en el caso de la muerte de la niña durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Asimismo, la sala ratificó la decisión de primera instancia que dispuso la libertad de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general del centro educativo.
