El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra los implicados en una presunta red acusada de desviar recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer del Instituto Oncológico Regional del Cibao mediante un esquema de fraude y corrupción.
El expediente fue presentado en el Área de Litigación Inicial.
La defensa de los implicados está a la espera de que la Oficina de Atención Permanente fije la fecha para el conocimiento de la audiencia.
El abogado Juan Francisco Consoró, representante legal de varios de los investigados en el caso, afirmó que hasta el momento no han sido notificados formalmente de la solicitud de medida de coerción, por lo que evitó emitir opiniones sobre las imputaciones.
Ricardo Reina, abogado de una de las imputadas, explicó que están a la espera de que les entreguen el expediente para verificar cuál es la acusación.
Asimismo, el jurista cuestionó la forma en que se realizaron los arrestos.
«Todas esas personas se estaban presentando ante el Ministerio Público y colaborando con la investigación. Eso no era necesario», expresó al referirse al operativo en el que fueron detenidos los ahora imputados.
La intervención fue ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago.
Durante el operativo fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado y exvicepresidenta del patronato.
Origen del caso
Según la investigación, los imputados formaban parte de una estructura fraudulenta que sustrajo millones de pesos mediante diversas maniobras en perjuicio de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y del Estado dominicano.
El Ministerio Público sostiene que la red utilizó el patronato que administra el centro de salud para cometer presuntos delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Las autoridades también afirman que la estructura contó con la participación de otros empleados y colaboradores que actuaron de manera coordinada para desviar fondos destinados a la atención médica de pacientes oncológicos del régimen subsidiado.
