La Dirección General de Migración (DGM) aseguró este miércoles que mantiene una política de «cero tolerancia» frente a los actos de corrupción cometidos por su personal, tras las denuncias de ciudadanos haitianos que señalan que miembros de la institución presuntamente les exigieron dinero para dejarlos en libertad durante operativos de interdicción.
Las autoridades migratorias también afirmaron que las denuncias recibidas son investigadas y que, de comprobarse responsabilidades, los involucrados son sancionados de manera drástica.
“En la mayoría de los casos son desvinculados y sometidos a los organismos de persecución, de acuerdo a la falta cometida”, precisó a la institución.
La DGM respondió a los testimonios recopilados por Diario Libre, que describen un supuesto esquema en el que algunos haitianos habrían tenido que entregar sumas de dinero para evitar ser trasladados a centros de detención migratoria.
Uno de los denunciantes, un hombre que trabaja como sereno en un edificio del Distrito Nacional y reside en el sector La Venta, en Santo Domingo Oeste, afirmó que el domingo 26 de julio al menos tres agentes migratorios, uno de ellos armado, irrumpieron en su vivienda en un operativo de interdicción luego de romper su puerta.
- Según su testimonio, los uniformados lo golpearon y se llevaron 700 dólares que guardaba en su habitación, como excusa para no detenerlo.
Otro caso que llegó a la redacción de este medio es el de una mujer haitiana que trabaja en una casa de familia y que, según declaraciones de personas cercanas, fue detenida el 23 de junio en la zona del kilómetro nueve de la autopista Duarte, cuando se dirigía hacia una estación del Metro de Santo Domingo.
De acuerdo con allegados, un agente migratorio le exigió 15 mil pesos para dejarla continuar su camino, situación por la que sus empleadores salieron en su auxilio, realizando el pago mediante una transferencia bancaria a una cuenta de tercero, cuyos datos fueron proporcionados por el propio oficial.
Critican manejo de los uniformados
Uno los denunciantes reconocieron el derecho del Gobierno a implementar una política migratoria; no obstante, calificó como abusiva la actuación de muchos agentes migratorios durante los operativos contra haitianos en condición irregular.
El hombre, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, afirmó que las medidas de deportación solo se concentran en ciudadanos haitianos, ya que, a su juicio, extranjeros de otras nacionalidades que tampoco cuentan con documentos no son repatriados.
