La Dirección General de Migración (DGM) aclaró este miércoles que sus inspectores solo impiden la salida del país de una persona cuando existe una orden judicial remitida formalmente por la Procuraduría General de la República (PGR), institución que tiene a su cargo la ejecución de estas medidas.
La aclaración surge a raíz de un mensaje difundido en redes sociales por la esposa de un ciudadano al que, según denunció, inspectores de Migración impidieron abordar un vuelo internacional y mantenían retenido, pese a que ella presentó una comunicación de la fiscalía de su provincia que certificaba que no tenía asuntos pendientes con la justicia.
De acuerdo con la DGM, los impedimentos de salida son colocados y levantados mediante la vía formal establecida por la Procuraduría General de la República, previa decisión judicial. Por tanto, una comunicación emitida por una fiscalía provincial no sustituye la orden requerida para levantar la medida en el sistema migratorio.
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Procedimientos oficiales
La institución explicó que cuando una persona con un impedimento de salida vigente es detectada intentando abandonar el territorio nacional por un aeropuerto, puerto o paso fronterizo formal, los inspectores deben retenerla y notificar al Ministerio Público para recibir instrucciones sobre cómo proceder.
Migración precisó que no realiza detenciones por iniciativa propia ni de manera arbitraria, sino que aplica los controles establecidos cuando sus inspectores detectan una alerta o impedimento de salida asociado al perfil de un pasajero.
La DGM señaló que, ante estos casos, su personal comunica la situación a las autoridades correspondientes y actúa conforme a las órdenes, requerimientos y disposiciones emitidas por la PGR y los organismos de seguridad del Estado.
La institución reiteró que antes de autorizar la salida de una persona con una alerta migratoria debe recibir y validar oficialmente la documentación que disponga el levantamiento de la medida.
La DGM afirmó que sus actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de los controles migratorios, el debido proceso, los derechos ciudadanos y la seguridad nacional en los puntos de entrada y salida del país.
