La obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio sigue incumpliéndose en los tres poderes del Estado y en el ámbito municipal. Al menos 1,337 funcionarios municipales, jueces, procuradores, legisladores y otros servidores públicos permanecían sin presentar su declaración jurada de patrimonio, según un reporte de la Cámara de Cuentas cortado al pasado 30 de junio. De ellos, 1,070 pertenecen a ayuntamientos y juntas distritales, mientras otros 222 corresponden a instituciones del Poder Ejecutivo.
Algunos funcionarios aparecen más de una vez en los listados porque incumplieron la obligación legal de presentar la declaración jurada tanto al cesar en un cargo como al asumir otro.
La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio obliga a determinados funcionarios a presentar ese documento dentro de los 30 días siguientes al inicio o al cese de sus funciones.
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Sin embargo, los listados oficiales muestran que el incumplimiento persiste entre funcionarios que dejaron sus cargos hace meses e incluso desde 2023, así como entre otros que fueron designados posteriormente y tampoco cumplieron con la obligación.
Municipios
El mayor foco de incumplimiento se encuentra en los gobiernos locales, donde la Cámara de Cuentas registra 1,070 alcaldes, vicealcaldes, directores de juntas distritales, regidores y vocales que no han presentado su declaración jurada.
Durante una entrevista con Diario Libre el pasado 9 de junio, el miembro del pleno de la Cámara de Cuentas Francisco Alberto Franco Soto, responsable del área de Declaraciones Juradas, atribuyó buena parte de ese rezago al ámbito municipal, especialmente entre los vocales de juntas distritales ubicadas en comunidades apartadas.
Explicó que la institución ha realizado operativos en las regiones norte, este y sur para facilitar el proceso, redujo de unos 450 a poco más de 220 los campos que deben completar los funcionarios y desarrolló una aplicación móvil.
Según Franco, esas medidas permitieron que alrededor de 1,800 funcionarios regularizaran su situación, pero todavía persiste un número importante de omisos. Los registros de la Cámara muestran que el nivel municipal continúa concentrando cerca de ocho de cada diez omisiones.
La Ley 311-14 faculta a la Cámara de Cuentas a solicitar la retención del salario de quienes incumplen el plazo legal para presentar su declaración jurada. Pese a esa facultad, los registros oficiales mantienen a 1,337 personas en condición de omisas.
