Uridy Marte, vocal de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana, se ha dedicado a identificar y recuperar terrenos de dominio público que todavía permanecen en manos de particulares, una labor que costea de su propio bolsillo y para la cual se vale de letreros que, como guardianes solitarios, señalan la propiedad estatal.
Pero estos letreros son frágiles: los derriba la brisa, los cubre la maleza y, en algunos casos, son destruidos por desconocidos, mientras la alcaldía asegura que no dispone de recursos para cercar los solares y protegerlos de nuevas ocupaciones.
Todos los terrenos recorridos estaban cubiertos de maleza, salvo el que ocupa y mantiene cercado una cooperativa. En otro solar se observó una vivienda de madera habitada por inmigrantes haitianos que, según Marte, se comprometieron a desalojarla voluntariamente en diciembre de 2026.
En Friusa, la Cooperativa Familiar de Viviendas y Servicios Múltiples del Este (Coopfvieste) acudió a los tribunales para impedir su desalojo de una parcela de 14,016.15 m², registrada como dominio público y destinada a área verde desde el 14 de octubre de 2010. Marte dice que la cooperativa no compareció ante la Junta de Vocales y que solicitaron la intervención del abogado del Estado.
Terreno ocupado por Coopfvieste cuyo título indica que es de dominio público. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
En Bávaro, agrimensores evalúan ocupaciones en otros 28,027.64 m² registrados como dominio público y destinados a área verde desde 2010, según Marte.
La posición de la Junta Distrital
Palacio Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Palacio Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
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“Cada administración tiene prioridades y la nuestra es hacer obras”, dijo el director distrital, Ramón Antonio Ramírez (Manolito). Explicó que la oficina de Planeamiento Urbano comenzó a operar en febrero de 2026 y que muchos promotores nunca depositaron allí sus planos ni permisos. Alega que los litigios impiden inventariar inmuebles que aún no pertenecen formalmente a la institución.
Entre los documentos revisados hay títulos de dominio público desde 2010. La Ley 176-07 obliga a los gobiernos municipales a mantener un inventario valorado de sus bienes y derechos.
Salón de sesiones de la Junta de Vocales de Verón-Punta Cana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Marte asegura que la Junta de Vocales autorizó por unanimidad contratar abogados y que Ramírez no ha ejecutado la resolución. “Nosotros tenemos el consultor jurídico de la alcaldía y el abogado del Consejo de Regidores; no debemos nombrar más abogados externos para evitar que los pocos recursos de la alcaldía se vayan en abogados”, expresó Ramírez.
“Poner un letrero de la alcaldía es prácticamente mandar a invadir los terrenos a cualquier desaprensivo”, sostuvo Ramírez. Sobre el cercado, alegó que “la alcaldía no tiene recursos ni para hacer aceras en ocasiones, mucho menos para cercar solares”. Ramírez afirmó que la alcaldía cuenta con agrimensores. Su firma es necesaria para formalizar las entregas y ya ha firmado documentos con ese fin.
Las diferencias entre ambos funcionarios se producen pese a que pertenecen al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Qué se puede hacer con los terrenos
Más terrenos recuperados para Verón. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
En este terreno se pretende construir una escuela bilingüe. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
Este terreno es ocupado por unos inmigrantes haitianos. (LUDUIS TAPIA)
Más terrenos recuperados para el municipio de Verón. (LUDUIS TAPIA)
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El municipalista Waldy Taveras explica que las áreas verdes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Las institucionales pueden seguir en manos privadas si se respeta el uso aprobado. Dos parcelas clasificadas como institucionales en sus planos suman 4,173.94 m² y tienen títulos a nombre de particulares.
Tras casi dos años de gestiones, Marte obtuvo contratos de donación de tres parcelas de T. S. Hipotecaria que suman 8,085.05 m². Dos, de 5,874.90 m² en conjunto, figuran como áreas verdes en los planos y están tituladas a nombre de la empresa. La tercera figura como área institucional.
Marte identificó terrenos para una escuela bilingüe y para la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Ramírez dice que ambos proyectos siguen pendientes de aprobación y que el solar previsto para la Digesett sigue a nombre de un particular. La alcaldía lleva diez años pagando el alquiler del local de esa institución. Taveras advierte que las áreas verdes de dominio público no admiten escuelas, hospitales ni destacamentos.
El reglamento de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, aprobado por el Decreto 486-25, exige reservar al menos el 10 % de las nuevas urbanizaciones para áreas verdes. Marte estima, sin que se haya comprobado, que en Verón-Punta Cana se reservaron entre 500,000 y 700,000 m² para usos colectivos. Según Taveras, se desconoce la magnitud de ese patrimonio municipal en el país por falta de estadísticas nacionales.
La experiencia de Verón-Punta Cana plantea la necesidad de investigar el paradero de los terrenos reservados por los desarrolladores inmobiliarios en el resto del país, cuya recuperación dependerá, en buena medida, del interés de las alcaldías en identificarlos, reclamarlos y protegerlos.