Litigios que rodean el Teatro Agua y Luz

El Gobierno anunció este miércoles el inicio del proceso de licitación para la recuperación del Teatro Agua y Luz, emblemático espacio ubicado en el Centro de los Héroes, objeto de litigios durante la última década. 

El anuncio fue realizado durante un almuerzo encabezado por el presidente Luis Abinader junto a representantes de la clase artística dominicana en el Salón Verde del Palacio Nacional. Se informó que el objetivo de transformarlo en un moderno escenario cultural y turístico para la ciudad de Santo Domingo.

El ministro de Turismo, David Collado, informó que el mandatario instruyó la apertura del proceso de licitación para intervenir la estructura, proyecto que incluirá la remodelación integral y el techado del recinto.

Indicó que la licitación ya fue publicada o sería colocada oficialmente durante esta semana, y estimó que el proceso administrativo previo al inicio de la construcción podría completarse en aproximadamente tres meses.

La licitación de 2015 y anulación del proceso

En 2015, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels) convocó una licitación para los interesados en arrendar el Teatro Agua y Luz, que permanecía abandonado desde hacía años.

• La licitación fue ganada por la empresa Consultoría Astur.

El 30 de marzo de ese año, Corphotels y Consultoría Astur, vinculada al político Miguel Vargas Maldonado, firmaron el contrato mediante el cual el Estado dominicano arrendaba por 25 años el inmueble de 17,321.20 metros cuadrados, ubicado en la parcela 3-B del Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional, correspondiente al Teatro Agua y Luz.

Sin embargo, cinco años después, en 2020, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) determinó que el procedimiento no correspondía al arrendamiento de un bien público, sino a una modalidad de asociación público-privada de concesión. Mediante la resolución 96-2020, declaró ilegal el proceso y anuló la licitación.

Al explicar la decisión, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló en el momento que “la licitación era de un supuesto alquiler, pero cuando analizamos toda la documentación nos dimos cuenta de que más que un alquiler, se estaba entregando el Teatro Agua y Luz en una concesión hasta el 2044, en un proceso que violaba todos los principios de la Ley 340”.

Pimentel agregó que, tras la anulación, el inmueble fue devuelto al Estado dominicano.

Recorrido por los tribunales

En enero de 2021 el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Consultora Astur, S.A., tras determinar, la ilegalidad de la adjudicación y, además, el incumplimiento de que la arrendataria no había realizado los trabajos de remozamiento contratados y tampoco evidenció las razones por las que no los ejecutó.

Asimismo, en marzo de ese mismo año, el TSA falló a favor de la DGCP al rechazar las medidas cautelares interpuestas por Consultoría Astur S.A.

Mediante la sentencia número 030-01-2020-SSMC-00016, de fecha 26 de enero de 2021, el TSA consideró improcedente la solicitud de medida cautelar presentada por Consultoría Astur, al establecer que la empresa no había realizado trabajos de remozamiento en el inmueble ni justificó las razones por las que el recinto seguía sin recibir las remodelaciones acordadas.

En su sentencia, el tribunal también determinó que no hubo constancia de la existencia de un alto riesgo de que, en el transcurso del proceso, «acontezca una situación fáctica o jurídica irreparable que deje sin efecto o haga perder el objeto al recurso contencioso principal».

En ese sentido, dijo que los efectos de la Resolución 96-2020 emitida al inicio de la actual gestión de la DGCP, se encuentran vigentes.

La Suprema Corte declara inadmisible el recurso

En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por Consultoría Astur contra la resolución de la DGCP que declaró ilegal la licitación para el arrendamiento del teatro.

A través de la sentencia SCJ-TS-22-0123, de fecha 25 de febrero, la Tercera Sala de la Suprema Corte declaró inadmisible el recurso de casación presentado contra la decisión del TSA que rechazó la medida cautelar solicitada por la empresa.

En cuanto a la sentencia dictada por la Tercera Sala, la Corte Suprema explicó que la inadmisibilidad del recurso de casación se debió a que con la entrada en vigencia de la Ley 491-08, el recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior Administrativo en cuestiones cautelares fue suprimido, por lo que quedó automáticamente derogado el artículo 7 de la Ley 13-07 de Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad administrativa del Estado, que permitía el recurso de casación en materia cautelar.

Nueva sentencia del TSA en 2022

Ese mismo año, en noviembre de 2022, la Quinta Sala del TSA rechazó el recurso contencioso administrativo interpuesto por Consultoría Astur contra la resolución de la DGCP.

Mediante la sentencia 0030-1643-2022-SSEN-00769, el tribunal dispuso la anulación del contrato de arrendamiento de Consultoría Astur y declaró ilegal el procedimiento realizado por Corphotels.

La decisión indicó que la DGCP actuó conforme a la normativa vigente y dentro de sus facultades como órgano rector de las contrataciones públicas.

La disputa judicial continuó en 2024

En marzo de 2024, la Primera Sala del TSA se reservó el fallo sobre otro recurso contencioso presentado por Consultoría Astur, empresa favorecida poco antes por una decisión de la Suprema Corte de Justicia que revocó la sentencia de la Quinta Sala del TSA y devolvió el expediente a esa jurisdicción.

En abril de 2024, la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia SCJ-TS-24-0250, revocó la resolución 96-2020 emitida por la DGCP y devolvió el caso al TSA para que fuera conocido por otra sala.

El TSA ratifica la anulación 

Meses después, en agosto de 2024, el Tribunal Superior Administrativo volvió a fallar a favor de la DGCP y ratificó la anulación de la concesión por 25 años otorgada a Consultoría Astur.

La decisión correspondió a la Primera Sala del TSA, que conoció el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa contra la resolución 96-2020.

“La sentencia 0030-02-2024-SSEN-00604 confirma en todas sus partes la referida resolución emitida por el órgano rector, por considerar que la decisión estuvo precedida de las garantías procesales que comportan el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva y, por ende, cumplió con el debido procedimiento administrativo”, indicó la DGCP en un último comunicado sobre el estatus del inmueble.