La Oficina Judicial de Atención Permanente de San José de Ocoa ordenó la libertad pura y simple de un dominicano y dos haitianos arrestados durante un operativo en el que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desmanteló una plantación de más de 3,000 árboles de marihuana en el distrito municipal El Pinar.
La decisión beneficia a Guillermo Amauris Casado Custodio, Jhonson Pie y Yorki Iso (Yoryi Isi), quienes fueron sometidos por el Ministerio Público por presuntas violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, el juzgado rechazó la petición del Ministerio Público tras concluir que el procedimiento ejecutado por las autoridades vulneró garantías constitucionales, según informó Arsenio Jiménez, abogado de los imputados.
Operaciones
En la intervención realizada en junio, las autoridades ocuparon cinco garrafones con marihuana ya procesada y una vivienda que, según las investigaciones, era utilizada como centro de acopio, secado y empaque.
También incautaron paneles solares, reguladores de voltaje, bombas de fumigación, secadoras, equipos para empaque al vacío, radios de comunicación, un teléfono celular y una motocicleta. Las plantas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para sus análisis.
¿De quien es la droga?
“Hay que investigar de quién son las matas, de quién es el terreno y quiénes son los verdaderos responsables”, expresó Jiménez, tras el allanamiento de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD).
El togago aseguró que sus representados son agricultores y obreros que residen y trabajan en la zona cercana y que ninguno de ellos son responsables del cultivo ilícito.
Guillermo Amauris Casado Custodio “es un ciudadano que toda su vida ha vivido en esa comunidad y se dedica a la agricultura. Los otros son obreros”, sostuvo.
El terreno donde la DNCD localizó la plantación de más de 3,000 matas fue arrendado a terceras personas cuya identidad aún no ha sido establecida públicamente.
Según reveló una fuente a Diario Libre los propietarios de los terrenos mantenían un contrato de arrendamiento para producciones agrícolas menores, sin embargo, al percatarse de presuntas irregularidades, intentaron poner fin al acuerdo. Ante esto, los dueños fueron amenazados de muerte y con armas de fuego cuando quisieron recuperar el control de la propiedad.
