
La Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura y convirtió en ley un proyecto que faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) para prohibir la entrada al país de mercancías, productos o bienes que hayan sido fabricados, extraídos, procesados o elaborados mediante trabajo forzoso.
La iniciativa establece un procedimiento para investigar el origen de las mercancías y determinar si se utilizaron prácticas de trabajo forzoso en alguna etapa de su cadena de suministro.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre los indicadores de trabajo forzoso figuran el abuso de la vulnerabilidad del trabajador, el engaño, la restricción de la libertad para abandonar el empleo, el aislamiento de la familia, la violencia física y sexual, las amenazas, la retención de salarios, el exceso de horas extras y la imposición de condiciones laborales degradantes.
Origen del proyecto
El proyecto es de la autoría del senador Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo, y surgió a raíz de las presiones de Estados Unidos, que impuso un arancel del 12.5 % a los productos dominicanos, frente al 10 % aplicado a otros países, bajo el argumento de que la República Dominicana no prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.
La iniciativa contempla medidas provisionales cuando existan indicios de que una mercancía pudo haber sido producida mediante trabajo forzoso.
En esos casos, Aduanas estaría facultada para suspender el despacho aduanero, retener temporalmente los productos o aplicar una prohibición provisional mientras se desarrolla la investigación para confirmar las sospechas.
Estas medidas, según la nueva ley, tendrán una duración de hasta 45 días, con posibilidad de extenderse por otros 30 días.
El proyecto asigna a Aduanas la responsabilidad de conducir el procedimiento y tomar la decisión final sobre la prohibición, mientras que el Ministerio de Trabajo tendrá a su cargo la evaluación técnica para determinar si existió trabajo forzoso en la cadena de suministro de cualquier producto.
Además, dispone que los gastos generados por la retención de una mercancía, su devolución al país de origen o su destrucción correrán por cuenta del importador.
Entre esos costos se incluyen el almacenamiento, la permanencia en puertos o aeropuertos, el transporte y las operaciones necesarias para reexportar o destruir los productos.
Registro de productos prohibidos
La iniciativa ordena a Aduanas crear, en un plazo de 180 días, un registro público en línea de las prohibiciones de importación por trabajo forzoso.
Ese registro deberá incluir información sobre las mercancías afectadas, sus productores, fabricantes o suplidores, el país o la región de origen y la decisión que sustentó la prohibición.
El proyecto ya agotó todos los trámites en el Congreso y ahora está en manos del presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si promulga u observa la pieza.



