Tras el caso de la diputada Millys Martínez, quien fue esposada durante las fiestas patronales de Elías Piña, varios legisladores salieron este lunes en defensa del Congreso Nacional y su protección. Además, reclamaron una investigación exhaustiva de lo ocurrido.
Luego del incidente la Policía Nacional respondió en un comunicado que el inspector de la institución encabezará las indagatorias.
Sin embargo, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, adelantó que solicitará una investigación exhaustiva y consideró que esta debe estar a cargo del Ministerio Público, no de la propia institución policial.
También informó que se realizan los preparativos para que miembros de la Cámara de Diputados se trasladen a la provincia fronteriza a indagar sobre lo sucedido.
“No vamos a permitir que un policía investigue a un policía”, expresó Díaz, quien consideró lamentable que un agente de alto rango desconozca las disposiciones constitucionales relacionadas con la protección de los legisladores.
El diputado explicó que el bloque del PRM en la Cámara Baja tiene pendiente una reunión para fijar una posición y que las decisiones posteriores dependerán de los resultados de las investigaciones.
Díaz sostuvo que la actuación policial constituyó una extralimitación y afirmó que el caso no debe entenderse únicamente como una ofensa contra la diputada afectada, sino como un asunto que compromete el respeto a la Constitución y al Congreso Nacional.
Diputados reclaman intervención del Gobierno
El diputado Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también cuestionó la actuación policial y consideró que el incidente constituyó una violación de las garantías constitucionales de Martínez, al entender que no existía una situación extrema que justificara esposarla.
Sánchez criticó que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no se haya pronunciado para llamar la atención de sus subordinados ante situaciones como esta.
“Creo honestamente que eso debe ser investigado hasta llegar al final para que hechos como este no se repitan”, manifestó.
El legislador advirtió que dejar el incidente sin consecuencias podría propiciar que situaciones similares vuelvan a ocurrir con otros congresistas.
Sánchez aclaró que su reclamo no busca establecer privilegios para los legisladores, sino exigir que se respete la protección que establece la Constitución para el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el diputado Luis Castillo, del PRM, llamó al presidente Luis Abinader y a la ministra Raful a intervenir ante el comportamiento de los agentes policiales.
Castillo respaldó la posición de Martínez y expresó su solidaridad con ella. Asimismo, consideró necesario preservar las garantías establecidas en el artículo 86 de la Constitución.
Mariotti y Cedeño cuestionan actuación policial
El diputado Charlie Mariotti, del PLD, también consideró que el incidente fue “un abuso y un exceso” y sostuvo que el Ministerio Público debe abrir una investigación a partir de una exigencia de la Cámara de Diputados como institución.
Mariotti expresó su solidaridad con Martínez y afirmó que debió respetarse la inmunidad parlamentaria.
En tanto, el diputado Eugenio Cedeño, del PRM, cuestionó la actuación de los agentes durante las fiestas patronales de Elías Piña y sostuvo que la función policial debe orientarse a preservar el orden, no a provocar enfrentamientos con la ciudadanía.
El legislador oficialista consideró que el trato dado a la diputada afecta tanto a la persona involucrada como a la institucionalidad del Congreso Nacional.
«Yo hago un llamado, me atrevo a pensar que el presidente pudiera llamar al orden a sus subalternos y a decirles que respeten al Congreso Nacional, que respeten a los legisladores», manifestó.
Las críticas de los legisladores se fundamentan en el artículo 86 de la Constitución, que establece garantías para proteger el ejercicio de la función legislativa.
La disposición señala que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin autorización de la cámara a la que pertenece, salvo que sea hallado en el momento de cometer un crimen.
El mismo artículo establece que, si un legislador fue arrestado, detenido o privado de libertad de otra manera, la cámara a la que pertenece, incluso uno de sus integrantes, puede exigir su puesta en libertad durante el tiempo que dure la legislatura.
