Con las candidaturas independientes eliminadas del régimen electoral dominicano por decisión de los diputados, los legisladores ahora se enfocan en dos tareas pendientes desde la pasada legislatura: las reformas policial y la laboral, dos enmiendas que integran el paquete de reformas que impulsa el presidente Luis Abinader.
La más prioritaria ahora es la reforma laboral, que está integrada por un proyecto de ley que busca modificar algunos artículos del Código de Trabajo de 1992 y que no ha logrado avanzar tras más de un año de debates y vueltas entre ambas cámaras congresuales.
La comisión que estudia el proyecto de la reforma prevé que el informe de la pieza estaría listo después de la Semana Santa, cuando sería presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados para que allí se decida si se aprueba o se rechaza la propuesta.
Los diputados y los senadores solo cuentan con cuatro meses (hasta julio de este año) para aprobar totalmente la pieza porque, si no la debaten en ese lapso, el proyecto perimiría por exceder los límites de tiempo que impone la Constitución.
La comisión de diputados está en la fase final de los estudios para aprobar la reforma laboral. Según el coordinador de la comisión, el diputado Mélido Mercedes, los legisladores ahora estudian los puntos que causan conflictos como las licencias o las consecuencias contra los empresarios que se retrasen en el pago de la cesantía.
La propuesta de la reforma laboral es la prioridad más inmediata de los congresistas porque el proyecto ya lleva dando vueltas en el Poder Legislativo desde octubre de 2024, cuando fue presentada por primera vez al Senado.
La reforma policial
El otro proyecto prioritario del Senado, desde que concluyó los debates de las candidaturas independientes, es la reforma a la Ley de la Policía Nacional, que se presentó al Congreso en diciembre y que también forma parte del paquete de enmiendas que propulsa Abinader.
Para avanzar con el estudio de la reforma, el Senado conformó una comisión especial que tiene como única tarea el análisis de la reforma policial. El equipo está presidido por el senador Franklin Romero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Su última reunión fue el martes, cuando el equipo decidió ver por primera vez el proyecto y trazar la ruta que seguirán para estudiarlo y aprobarlo.
Reestructuración
La iniciativa, considerada en sus propios argumentos como una reestructuración profunda del modelo policial, también redefine el uso de la fuerza y detalla, entre los artículos 148 y 161, que la actuación policial deberá regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Además, incluye la posibilidad de emplear la fuerza para disolver manifestaciones no pacíficas, como dispone el artículo 149, y la obligación de notificar al Ministerio Público cuando se produzcan daños durante una intervención.
Entre los artículos 127 y 132, se propone la creación del Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, una entidad responsable de certificar competencias, validar conocimientos y controlar el desempeño de todo el personal.
La profesionalización, de acuerdo con el proyecto, abarca también los procesos académicos y la carrera policial, contemplados en el Título IV, donde se establece que solo los miembros de carrera pueden ejercer la función policial y que el ascenso estará sujeto a educación continua, evaluaciones y cumplimiento de requisitos específicos.
