La nueva amenaza arancelaria que enfrenta el comercio exterior de la República Dominicana con los Estados Unidos, a raíz de la acusación de que, junto con otras 59 economías, el país importa productos elaborados con trabajo forzoso, fue calificada por el Gobierno como una política pública de la nación norteamericana que, hasta la fecha, no ha impactado en la competitividad local.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, aclaró que la decisión del Gobierno estadounidense no es una iniciativa contra el país y aseguró que se mantienen en diálogo con las autoridades de esa nación, manifestando su optimismo sobre ese proceso.
“Estamos en coordinación con el sector privado. El país está unificado en este tema y hasta este momento no hemos perdido competitividad porque, aunque se están pagando los aranceles del 10 %, los productos agrícolas siguen exentos y lo mismo que nos están cobrando a nosotros les cobran a los mercados que compiten con nosotros”, explicó Sanz Lovatón.
- La decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de incluir al país, junto a otros 59, en una lista de economías que no realizan los esfuerzos necesarios para prevenir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro podría llevar a los exportadores dominicanos a enfrentar una nueva barrera arancelaria, de entre un 10 y un 12.5 %.
A finales de la semana pasada, el titular de la USTR, Jamieson Greer, estimó que terminará “en semanas” la investigación para imponer nuevos aranceles a 60 economías por la citada falta.
El Conep afirma RD respeta derechos laborales ante nueva acusación de EE. UU.
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No sería la primera vez que el país enfrenta medidas arancelarias, pues en abril de 2025, en el denominado “Día de la liberación”, el presidente Donald Trump anunció la imposición de tarifas impositivas en las exportaciones hacia esa nación para la mayoría de los países, incluyendo la República Dominicana, a la cual impuso un 10 %.
En esa ocasión, Trump sostuvo que el objetivo de los aranceles es promover la manufactura en su país. La medida fue declarara ilegal en febrero de este año por la Corte Suprema de Estados Unidos, ordenando el reembolso de los aranceles cobrados.
Empresarios respaldan
Consultado sobre el tema, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) aseguró que la República Dominicana ha demostrado durante años su compromiso con el respeto de los derechos laborales y con el cumplimiento de los estándares que rigen el comercio internacional.
El principal gremio empresarial del país valoró los esfuerzos del Gobierno dominicano y reiteró su disposición de colaborar, aportando información y acompañando iniciativas que permitan una adecuada comprensión de la realidad local.
Expresó confianza en que el intercambio técnico y el diálogo permitirán abordar de manera adecuada las inquietudes planteadas por Estados Unidos.
Entre los países latinoamericanos afectados con la acusación están México, Costa Rica y Honduras. En el caso del primero, respondió afirmando que mostrará información sobre sus acciones y compromisos para combatir el trabajo forzoso, con el objetivo de evitar la imposición de nuevos gravámenes, mientras que Costa Rica dijo que salvaguardará los intereses del su sector productivo y exportador frente a la propuesta de aumento de aranceles.
El Gobierno hondureño dijo que asume la medida como una “oportunidad de mejora” para fortalecer la inspección laboral y la trazabilidad productiva. La Unión Europea, India, China y Taiwán son parte de las naciones y bloques que se han referido a la medida estadounidense.
