La tarde del viernes 3 de julio, Darlin Mercado Reyes, de 19 años, un joven sano y trabajador, como lo recuerdan sus familiares, se sumó a la lista de personas que han perdido la vida a manos de agentes de la Policía Nacional.
Entre las víctimas figuran presuntos delincuentes y jóvenes inocentes, que al igual que Darlin, cayeron abatidos por uniformados, dejando una estela de indignación y sufrimiento entre sus seres queridos y la sociedad.
Cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que, entre el 2011 y 2025, alrededor de 4,500 personas han fallecido en supuestos intercambios de disparos con efectivos de la Policía.
Así lo afirmó el presidente de la organización, Manuel Mercedes, al señalar que estas muertes representan uno de los principales obstáculos de la anhelada reforma policial, que tiene entre sus objetivos corregir la actuación de los agentes frente a la ciudadanía y modernizar la institución.
“Esa lacra de las ejecuciones extrajudiciales son una mala práctica que hay que eliminar”, expresó este lunes el activista a reporteros de Diario Libre.
Según explicó Mercedes, este tipo de actuaciones deja “muy mal parados” a los agentes, quienes deben de desempeñar sus funciones conforme a los principios de un Estado social y democrático.
Asimismo, sostuvo que este constituye uno de los mayores desafíos del actual director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, quien, a su juicio, debe impulsar mecanismos que garanticen el cumplimiento del rol constitucional del cuerpo del orden, que es proteger y defender a la ciudadanía.
Hechos quedan impunes
Manuel Mercedes también lamentó que las muertes ocurridas durante enfrentamientos policiales, cuyas víctimas son en su mayoría jóvenes entre los 18 y 35 años de edad, no lleguen hasta los tribunales.
A pesar de la cantidad de personas presuntamente fallecidas durante enfrentamientos policiales entre 2011 y 2025, el activista aseguró que menos de 100 agentes han sido sometidos a la justicia, lo que, en su opinión, favorece a que se cometan hechos como el que terminó con la vida de Darlin Mercado Reyes.
“Como no hay régimen de consecuencias, entonces se crea la cultura de que pasen hechos como ese y que no existan las sanciones correspondientes”, expresó.
Para Mercedes, muertes como la de Darlin no deberían ocurrir en un Estado de derecho.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos considera que se debe trabajar en la depuración de la Policía Nacional, así como continuar apostando al fortalecimiento de la formación de los uniformados para avanzar hacia la reforma policial.
Hasta finales de junio del 2026, las estadísticas de la institución del orden registraban 146 personas fallecidas en alegados “intercambios de disparos”, casos clasificados oficialmente como muertes de “acción legal”.
La cifra representa un aumento de 16.4 % con relación al mismo periodo del 2025, cuando se reportaron 122 casos.
De acuerdo con los informes de criminalidad de la Policía Nacional, en enero fueron abatidas 19 personas; en febrero, 17; en marzo, 21; en abril, 25; y en mayo, 35, convirtiéndose este último en el mes más letal del primer semestre del año.
Según Manuel Mercedes, durante el periodo presidencial del presidente Luis Abinader se han registrado más de 700 presuntas ejecuciones extraoficiales, las cuales, afirmó, suelen ocurrir en zonas de alta concentración poblacional, no solo en Santo Domingo y Santiago, sino también en provincias como San Cristóbal, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.
