El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reveló que durante un interrogatorio uno de los imputados dijo que «la corrupción era la norma» en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), aseguradora que habría sido afectada en su presupuesto con casi 16 mil millones de pesos durante la gestión de Santiago Hazim (2020-2025).
No obstante, Camacho no dio a conocer cuál de los vinculados en el caso habló sobre la magnitud de las irregularidades en el Senasa y en la que están afiliados más de 7 millones de dominicanos, en su mayoría los más pobres.
El procurador adjunto habló al salir del tribunal que tenía programado conocer este miércoles la solicitud de prórroga para someter la acusación contra los involucrados que hizo el Ministerio Público.
Al justificar la solicitud de cuatro meses más para someter la acusación contra los apresados por el caso de corrupción, el funcionario reiteró que la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) estatal fue impactada por varias redes criminales e insistió que habrán más personas sometidas por ese proceso penal.
El juez que impuso en diciembre las medidas de coerción a los primeros 10 vinculados, otorgó al órgano persecutor ocho meses para presentar sus conclusiones de la investigación, tiempo que venció el día 14.
Juez aplaza audiencia
Este miércoles, el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, Deiby Timoteo Peguero, postergó para el 4 de septiembre el conocimiento de la solicitud de prórroga del Ministerio Público por el fallecimiento del padre de un abogado que representa a uno de los imputados.
El progenitor de Jaime Terrero, quien aboga por el médico Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios del Senasa, falleció en el día de ayer.
Juez reduce de RD$20 millones a RD$5 millones la garantía económica a imputada en caso Senasa
No se oponen a prórroga
Los abogados del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y del exconsultor jurídico, Germán Robles Quiñones, afirmaron que no se oponen a que se le otorgue más tiempo al Ministerio Público porque es un derecho que le corresponde.
Así lo expresaron los letrados Miguel Valerio e Hiroito Reyes.
Los imputados
Además de Hazim, Robles y Minaya, están señalados Enrique Messina Cruz, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes cumplen 18 meses de prisión en Las Parras.
- También el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario.
Asimismo, Ada Ledesma, quien guarda prisión en Najayo Mujeres y, aunque se le varió la coerción en julio no había podido salir, según ella y su abogado, por imposibilitársele pagar la garantía económica de 20 millones de pesos a través de una aseguradora.
El juez le redujo la fianza a 5 millones, pero no le varió el arresto domiciliario y el uso de grillete que incluía la coerción que se le dictó hace un mes.
Detenido cuando intentó viajar
Por el caso de corrupción en el Senasa también permanece recluido en Las Parras Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien fue arrestado en abril de este año.
Guzmán Vásquez fue detenido cuando intentaba viajar a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Es exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Senasa y está señalado como uno de los integrantes de una supuesta estructura criminal que habría ejecutado fraudes mediante autorizaciones médicas irregulares.
La acusación a todo el grupo
El Ministerio Público califica al grupo de una «red criminal«, la que se articuló en la ARS Senasa durante los cinco años de gestión de Hazim.
Según los fiscales, el exdirector de la ARS junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, consultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de Servicios de Salud, creó «programas especiales sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos«.
El órgano persecutor asegura que los sobornos fueron pagadas por el empresario Eduardo Read Estrella, propietario de Khersun S.R.L., contratada por Senasa desde 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado; Ada Ledesma Ubiera, ejecutiva de la farmacéutica Lufaka; Cinty Acosta Sención, y Ramón Speakler Mate, quien figura como ejecutivo del Grupo Siulrod SRL.
Sostiene que los exfuncionarios «pagaron un incremento fraudulento» de facturación del Seguro Nacional de Salud «producto de sobretratamientos de los pacientes como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia» y de otras especialidades, como la cardiología, en la que se colocaron «stents coronarios innecesarios».
