Imponen prisión preventiva a ocho de los imputados en el caso Senasa 2

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso la noche de este domingo prisión preventiva a ocho imputados en el caso Senasa 2.0 y declaró el proceso complejo por el presunto entramado de corrupción contra el Estado. 

El Ministerio Público solicitó 18 meses de cárcel como medida de coerción y la complejidad del proceso.

Los acusados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Mientras que Isabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almanzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.

El grupo, junto a otros imputados, está acusado de desfalcar al Estado con 40 millones de pesos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Arresto domiciliario para nueve

Durante la audiencia, celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el magistrado también impuso arresto domiciliario a Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borrome Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo y Víctor Felipe Rodríguez García.

Garantía económica y otras medidas

De igual manera, dispuso garantía económica para Luz Esther Reyes, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora, Juan Gabriel Rodríguez, Martha María Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo.

Para los demás imputados, el tribunal estableció otras medidas de coerción, entre ellas garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Camacho: caso debe servir de ejemplo

A su salida de la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el caso debe servir de ejemplo para otros médicos y los exhortó a no prestar sus códigos de acceso.

“Exhorto a los médicos a que no presten su código. Prestarlo puede arrastrarlos a un proceso penal”, dijo.

Camacho señaló que, de los 22 médicos imputados, si estos no hubieran prestado sus códigos, el presunto esquema investigado no habría podido desarrollarse.

“Debemos tomar esto como base para que se realice una campaña que les diga a los médicos que no presten su código”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la investigación relacionada con el caso Senasa no está cerrada, por lo que las autoridades continuarán con las pesquisas.

Línea de investigación

El caso Senasa 2.0, denominado Operación Cobra 2.0-A, contempla una línea de investigación con 27 imputados, entre ellos exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y médicos vinculados al presunto fraude.

Entre las pruebas recopiladas por el órgano persecutor figuran servicios médicos facturados y cobrados a Senasa por procedimientos que, según la investigación, no fueron realizados.

La audiencia concluyó pasadas las 10:00 de la noche.

En el Palacio de Justicia también estuvieron presentes familiares de imputados quienes esperaban el conocimiento de medida de coerción.

Los procesados son acusados de presunta violación del artículo 146 de la Constitución de la República, relativo a la proscripción de la corrupción; de asociación de malhechores, tipificada en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano; así como de falsificación y uso de documentos falsos, previstos en los artículos 147, 148, 150, 151 y 160 del mismo código, y de estafa en perjuicio del Estado dominicano, contemplada en el artículo 405.

Además, se les atribuye la presunta infracción del artículo 181, literal h), de la Ley núm. 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que sanciona la emisión de diagnósticos y procedimientos quirúrgicos falsos. También son señalados por violación de los artículos 6 y 17 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican el acceso ilícito y el robo de identidad cometidos a través de medios telemáticos o de telecomunicaciones.

Asimismo, los procesados enfrentan acusaciones por lavado de activos, conforme a los artículos 2, numerales 11, 12, 13, 15, 20 y 22; 3, numerales 1, 2 y 3; 4.8; 7; 9 y 9.4 de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.