La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó este viernes al magistrado Francisco Jerez Mena para conocer la recusación interpuesta contra la jueza de instrucción especial Ysis Muñiz Almonte, quien tiene a su cargo la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina Peña, delegó en Jerez Mena, quien preside la Segunda Sala Penal del alto tribuna, la responsabilidad de analizar el incidente y presentar una recomendación técnica al Pleno, que decidirá si la magistrada continúa o no al frente del proceso.
La recusación fue presentada durante la audiencia del pasado 10 de abril por los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano, miembros de la defensa de Valdez Alcántara.
Los juristas alegan que la jueza comprometió su imparcialidad al autorizar al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas vinculadas a la entrega vigilada de dinero. A su juicio, esta actuación la inhabilita para conocer el caso, debido a que tuvo contacto previo con elementos probatorios del expediente.
No obstante, la magistrada Muñiz rechazó la recusación y decidió no inhibirse voluntariamente. Conforme al procedimiento, el caso fue remitido a la Suprema Corte para su evaluación.
La presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional envió el expediente a la Secretaría General de la SCJ, junto con la respuesta de la jueza a los cuestionamientos de la defensa.
Una vez Jerez Mena entregue su informe, el Pleno de la Suprema fijará audiencia para decidir de manera definitiva sobre la permanencia de la magistrada en el proceso.
Detalles del caso
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue detenido en flagrante delito, acusado de recibir 10 mil dólares en efectivo de un investigado en un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (ARS Senasa), según el Ministerio Público.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los hechos se remontan al 13 de marzo de 2026, cuando el fiscal se reunió con el hoy testigo Roberto Canaán en el parqueo de una plaza comercial del Distrito Nacional.
- Según el órgano acusador, Canaán abordó el vehículo del imputado, quien habría utilizado información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para ejercer presión.
En ese encuentro, Valdez Alcántara supuestamente propuso alterar el curso del proceso en su contra a cambio de beneficios económicos.
Inicialmente, el fiscal habría exigido 200 mil dólares, monto que luego redujo a 150 mil tras negociar. También habría solicitado un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
