La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró como positiva la decisión adoptada por los miembros de la Cámara de Cuentas de revocar la resolución mediante la cual se disponía un aumento de sus salarios.
A través de un comunicado de prensa, el vicepresidente de la entidad, Servio Tulio Castaños, destacó que la medida administrativa evita posibles vulneraciones a los principios de legalidad, imparcialidad, control del gasto y separación de funciones, los cuales considera como pilares esenciales del orden constitucional dominicano.
Explicó que la resolución de aumentar los beneficios para los miembros del pleno vulneraba el principio de imparcialidad y generaba conflictos de intereses, ya que el aumento salarial estaba siendo adoptado por los propios beneficiarios.
En ese sentido, recordó que la Cámara de Cuentas, en su condición de ente superior de control externo del Estado, tiene como función esencial fiscalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia administrativa.
“Cualquier disposición que implique un beneficio económico directo para sus propios miembros debe observar con rigor los principios de legalidad, razonabilidad y control del gasto”, expresó.
Asimismo, indicó que la adopción de una resolución que incida en las remuneraciones o beneficios de sus integrantes, sin un sustento claro, puede interpretarse como una extralimitación funcional y una afectación al principio de juridicidad.
Por ello, destacó la necesidad de mantener la legitimidad de instituciones como la Cámara de Cuentas, cuya credibilidad descansa en la confianza ciudadana.
“Cuando un órgano encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos adopta decisiones que pueden percibirse como beneficiosas para sí mismo, se produce una tensión con el principio de transparencia y rendición de cuentas”, enfatizó.
Racionalidad del gasto público
Finjus subrayó que la Constitución y el sistema normativo dominicano establecen que los recursos del Estado deben administrarse en función del interés general, bajo criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
En ese contexto, indicó que dejar sin efecto la resolución se alinea a la necesidad de preservar la coherencia entre la actuación administrativa y las directrices institucionales del Estado.
