La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) respaldó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, pero recomendó al Congreso corregir varias disposiciones relacionadas con el régimen disciplinario, el uso de la fuerza, las pensiones y el retiro por discapacidad.
En una comunicación firmada por el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y remitida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, la entidad respondió las observaciones formuladas por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode. Precisó que su análisis corresponde al texto de 342 artículos aprobado por el Senado el 10 de julio de 2026, pues algunos cuestionamientos se referirían a versiones anteriores.
Finjus sostuvo que la reforma puede modificar las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro sin vulnerar derechos adquiridos. Apoyada en precedentes del Tribunal Constitucional, explicó que las posibilidades futuras dentro de la carrera son expectativas sujetas a la legislación vigente cuando se cumplan los requisitos.
Aspectos disciplinarios
La organización defendió el retiro discrecional durante el período de prueba, siempre que exista evaluación, motivación y posibilidad de impugnación. Asimismo, consideró válido impedir temporalmente el ascenso de agentes con acusaciones penales pendientes o sanciones disciplinarias, porque esa medida no equivale a una declaración de culpabilidad ni a una segunda sanción.
No obstante, recomendó redirigir el 30 % de las multas disciplinarias asignado a la Inspectoría General hacia un fondo administrado por una dependencia ajena a la potestad sancionadora, para evitar una apariencia de conflicto de interés.
También propuso precisar la cláusula residual sobre faltas disciplinarias y establecer una gradación clara del uso de la fuerza, diferenciando los medios menos letales de la fuerza potencialmente letal.
Régimen previsional
Finjus advirtió, además, una contradicción entre los artículos 92 y 193: un agente con exactamente 50 % de discapacidad podría ser desvinculado sin alcanzar el umbral exigido para recibir una pensión. Solicitó armonizar ambas normas y evaluar previamente la posibilidad de reasignarlo a funciones compatibles.
Finalmente, sugirió revisar el régimen previsional con la Superintendencia de Pensiones y armonizar las disposiciones sobre el ejercicio de la abogacía.
La Finjus afirmó que la reforma debe producir una Policía profesional, legítima, transparente y sometida a controles.
