El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó declarar la extinción de la acción penal a varios de los acusados en el caso de presunta corrupción que encabeza el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al concluir que el plazo máximo que establece la ley «no ha vencido aún».
La decisión se tomó por decisión de mayoría de dos juezas, aunque una de ellas votó salvado, que quiere decir que estuvo a favor de rechazar el incidente, pero no con las motivaciones.
La presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, tuvo un voto disidente porque entendía que debió declararse extinguida la acción penal por sobrepasar, en el caso de Donald Guerrero, casi los seis años de persecución en su contra.
Ventura sostuvo que en los demás también ya está vencido el tiempo de los cuatro años máximo.
Argumentos y votos
Ventura Guerrero argumentó que para el proceso penal la ley más favorable para los acusados es la del Código Procesal Penal 97-25, que entró en vigencia el pasado año y que empieza a computar el tiempo a partir de que se inicia la investigación con inmovilizaciones y oposiciones a cuentas bancarias.
El tribunal tomó en cuenta la 10-15, que fue reformada por la 97-25, que, según se explicó, establece que el proceso empiece a computarse a partir de las medidas de coerción.
La jueza Leticia Martínez Noboa, la del voto salvado, también consideró que debió tomarse en cuenta la ley vigente.
Ambas magistradas sostienen que no solo las medidas de coerción limitan derechos fundamentales y la tutela efectiva, sino también las investigaciones prolongadas que incluyen oposiciones e inmovilizaciones.
No obstante, Martínez Noboa coincidió con su colega Eveline Rodríguez en que, por ser el caso complejo, el expediente, con casi 40 imputados, el plazo todavía «no ha llegado a su término».
Entre los acusados que se adelantaron a solicitar la extinción de la acción penal se encuentran los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, así como los acusados Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz.
También algunas empresas. Alegan que ya transcurrieron los cuatro años que establece la ley para que se le ponga fin a un proceso si en este todavía no se ha emitido sentencia.
A los imputados, entre los que se incluye a los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, se les atribuye desviar sumas millonarias mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Asimismo, de sobornos para ser utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Acusaciones y proceso
Según el órgano acusador, los imputados también implantaron un esquema de extorsión sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda.
Se empezará a leer acusación
Luego de fallar el incidente de la extinción de la acción penal, el tribunal ordenó al Ministerio Público empezar con la lectura de la acusación del juicio de fondo, que deberá concluir con una condena o absolución.
Al reaccionar sobre la decisión de las tres juezas, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que el fallo, por mayoría, analizó «otros aspectos que van mucho más allá que el simple cómputo matemático».
