El Gobierno de Cuba elevó ayer el tono frente a República Dominicana al afirmar que las autoridades de aquí no han presentado “una sola razón” que justifique el retiro de miembros de su misión diplomática.
La declaración se produce después de que Diario Libre revelara que organismos de seguridad dominicanos detectaron a agentes cubanos en instalaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde presuntamente vigilaban a deportistas de su país para evitar deserciones.
La vicecanciller cubana Josefina Vidal sostuvo, durante un acto celebrado en La Habana, que la ausencia de una explicación pública demostraría, a juicio de su Gobierno, que República Dominicana cedió ante presiones de Estados Unidos.
Sin embargo, la posición dominicana hasta ahora no ha sido que carezca de razones para adoptar la medida, sino que esas razones no serán divulgadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó el 13 de agosto que solicitó formalmente el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares, a quienes otorgó un plazo de siete días para abandonar territorio dominicano. Desde entonces, la institución dejó establecido que no ofrecería detalles adicionales debido al carácter diplomático del asunto.
“Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema”, señaló la Cancillería dominicana.
Lo que reveló Diario Libre
Aunque el Gobierno dominicano no ha vinculado oficialmente ambos hechos, el retiro de los funcionarios se produjo después de una serie de incidentes ocurridos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que involucraron a ciudadanos cubanos y organismos de seguridad dominicanos.
Una investigación publicada por Diario Libre estableció que agentes de seguridad cubanos ingresaron a instalaciones deportivas para vigilar a miembros de su delegación ante el temor de nuevas deserciones.
Uno de los episodios ocurrió en una instalación del Parque del Este, donde militares dominicanos detectaron a ciudadanos cubanos que perseguían a deportistas que intentaban abandonar la delegación.
Las autoridades cerraron temporalmente las puertas del recinto, revisaron las acreditaciones y determinaron que había ciudadanos cubanos que no estaban autorizados para realizar esas funciones en el país, por lo que fueron retirados del lugar.
La investigación también estableció que algunos de esos agentes utilizaron uniformes correspondientes a delegaciones de otros países para desplazarse dentro de las instalaciones y acercarse a los atletas sin llamar la atención.
Un segundo episodio similar ocurrió en otro recinto. Según la investigación, la reiteración de esas actuaciones llevó a organismos dominicanos a establecer un protocolo especial ante lo que fue considerado una injerencia. Al menos cinco atletas cubanos abandonaron su delegación.
No obstante, Diario Libre no ha podido establecer que los nueve funcionarios cuya salida ordenó el Gobierno dominicano fueran los mismos agentes involucrados en esos incidentes ni que esos acontecimientos constituyan formalmente la causa de la decisión diplomática.
El Mirex tampoco ha confirmado esa relación.
Cuba niega irregularidades
La posición cubana es diametralmente opuesta.
Vidal afirmó este miércoles que los funcionarios de su país actuaron en todo momento respetando la Convención de Viena y las leyes dominicanas, y sostuvo que no existe ninguna causa que justifique su retiro.
La funcionaria volvió a acusar a Washington de intentar aislar internacionalmente a Cuba y aseguró que algunos gobiernos de la región “sucumben” ante esa política estadounidense.
Cuba había formulado la misma acusación desde el 13 de agosto, cuando calificó la decisión dominicana como injustificada y producto de presiones de Estados Unidos.
La ausencia de una explicación pública por parte de República Dominicana no supone, por sí misma, una violación de las normas diplomáticas internacionales.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas permite al Estado receptor declarar a un diplomático persona non grata o comunicar que otro integrante de una misión no resulta aceptable sin estar obligado a explicar las razones de su decisión.
El Gobierno dominicano se limitó a señalar que actuó dentro de las facultades que le reconoce el derecho internacional y que manejaría el conflicto con “discreción” para preservar las relaciones entre ambos países.
