El sociólogo José del Castillo calificó como un «desaguisado legal» y una medida «totalmente ilegal» la reciente resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que impone una veda a la publicación de encuestas hasta julio de 2027.
Según el experto, esta disposición no solo contraviene la ley vigente, sino que constituye una «aberración» que lesiona derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Su argumento central es que la JCE ha excedido su potestad reglamentaria, intentando legislar por encima del Congreso Nacional. Señaló que el Artículo 216 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 20-23), promulgada en febrero de 2023, establece claramente que la prohibición de publicar sondeos rige únicamente durante los 8 días anteriores al de la votación.
«La Junta que tiene potestad reglamentaria no tiene potestad legislativa… no puede contravenir abierta y flagrantemente una disposición claramente establecida en el artículo 216 de la ley que la rige a ella», enfatizó el experto, quien cuenta con especialización en Relaciones Internacionales, Migraciones Internacionales e Historia Económica.
Recordó que la misma ley permite explícitamente publicar todas las encuestas fuera de ese plazo de ocho días, siempre que cumplan con los estándares técnicos.
Atentado contra la libre expresión
Desde la perspectiva constitucional, José del Castillo afirma que esta decisión rosa con el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Al impedir que la ciudadanía acceda a estudios de opinión pública, se impone una forma de limitación informativa que no existe en democracias más antiguas como la de Estados Unidos o incluso en la mayoría de los países de América Latina, donde la veda suele ser de apenas 2 a 3 días.
«Lo que se está prohibiendo es que a la gente se le informe», afirmó de manera tajante, cuestionando que se pretenda tratar al ciudadano como un «borrego» o un «imbécil» al que no se le puede suministrar información fiable por temor a que sea manipulado.
Desigualdad informativa
Uno de los puntos más críticos denunciados por Del Castillo es la creación de una brecha injusta entre los gobernantes y los gobernados. Denunció que, mientras al ciudadano común se le impone este «apagón informativo» de 14 meses, el Poder Ejecutivo y los partidos políticos siguen realizando encuestas semanales financiadas con dinero público para su beneficio exclusivo.
«El partido de gobierno puede estar enteramente informado del acontecer político diariamente y el ciudadano de a pie no», fustigó, señalando que esta medida es un retroceso para una democracia madura que ha celebrado elecciones ininterrumpidas desde 1962.
Finalmente, expresó su asombro de que un pleno de la JCE integrado por profesionales con vasta experiencia académica y jurídica haya incurrido en este supuesto «absurdo» legal.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana, transmitido por ZOL FM, donde calificó la situación como un llamado a un «esfuerzo cívico nacional» para que la Junta retorne a su propia legalidad.
Su postura se inserta en un ambiente de creciente rechazo y debate público de algunos sectores políticos, mediáticos y de la sociedad civil que han manifestado su firme oposición al reglamento.
Sin embargo, Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el gobierno, y la Fuerza del Pueblo, principal en la oposición, han manifestado su acuerdo con la medida por considerar que significa un control necesario a la campaña electoral a destiempo.
