
Mientras el Tribunal Superior Electoral (TSE) mantiene pendiente de fallo un recurso que busca eliminar la personería jurídica de 33 partidos y movimientos políticos minoritarios, su accionante abrió otro frente para exigir pruebas sobre el destino de los recursos públicos entregados a estas organizaciones.
El nuevo recurso fue conocido este lunes por el TSE y la audiencia quedó aplazada para el 8 de diciembre, debido a que todavía faltaba notificar a algunas de las organizaciones demandadas. La acción alcanza a la Junta Central Electoral (JCE), 22 partidos y seis movimientos políticos.
El accionante es José Christopher Ramírez, fundador de Proyecto Visión Nación, organización que todavía no ha logrado ser reconocida como partido político por la JCE y que mantiene litigios relacionados con ese proceso.
En esta ocasión, Christopher pide al tribunal ordenar la producción de documentos que permitan comprobar la asignación, recepción, administración, inversión y fiscalización del dinero público entregado a las organizaciones demandadas.
La solicitud incluye informes financieros, registros contables, relación de ingresos públicos recibidos, comprobantes de los gastos realizados, contratos y pagos de alquileres, facturas de servicios, nóminas, remuneraciones a empleados y directivos, donaciones y aportaciones privadas.
También reclama estados de cuentas, transferencias, cheques, conciliaciones y otros registros bancarios y contables que permitan seguir el movimiento de los recursos.
Christopher sostiene que dirigentes de algunas organizaciones habrían utilizado parte de esos fondos para «fines particulares» e incluso «trasladado recursos a cuentas personales», acusaciones que pretende sustentar mediante la documentación solicitada.
«Los están usando entre familiares para ir a villas y playas«, afirmó en una entrevista, al explicar por qué busca los informes financieros y movimientos bancarios.
Qué le pide a la JCE
El recurso también coloca una carga importante sobre la JCE, a la que solicita explicar y documentar cómo determinó cuáles organizaciones podían recibir financiamiento público y cuánto correspondía a cada una.
Entre otras cosas, se pide a la Junta certificar los votos computados para cada partido, el tratamiento dado a las alianzas, los porcentajes utilizados, los montos asignados y efectivamente desembolsados, así como los representantes electos atribuidos a cada organización.
También se reclama una relación de los informes financieros recibidos de cada partido y movimiento, las fechas en que fueron depositados, las observaciones realizadas por la JCE y las actuaciones de fiscalización emprendidas.
Christopher cuestiona que determinadas organizaciones que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024 y que, según su interpretación, tampoco consiguieron representación propia continúen recibiendo recursos públicos.
Su planteamiento es que la JCE debe mostrar los documentos y criterios jurídicos que justifican que esas organizaciones mantengan su condición y reciban financiamiento estatal.
Busca verificar los gastos
El recurso establece expresamente que obtener pocos votos, participar en una alianza, no disponer de un local visible o carecer de cargos electivos propios no constituye por sí solo prueba de irregularidad.
Lo que solicita es que los gastos declarados por las organizaciones puedan ser comprobados mediante documentos y que el uso del dinero público sea trazable.
Por ejemplo, si un partido declaró gastos de alquiler, deberá mostrar contratos y recibos; si reportó servicios, presentar facturas y comprobantes de pago; y si informó gastos de personal o remuneraciones de directivos, aportar las nóminas, contratos y constancias correspondientes.
Christopher aseguró que las organizaciones se resisten a entregar esa documentación.
«El problema es que no quieren entregar ninguno de esos informes, y por eso lo vamos a llevar a la vía penal«, expresó.
También anunció que pretende solicitar formalmente una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre esos recursos.
El recurso plantea que, si del examen documental surgen indicios objetivos de apropiación indebida, falsedad, lavado de activos u otra infracción, los antecedentes sean remitidos a las autoridades competentes para su investigación. Sin embargo, aclara que no solicita al TSE declarar responsabilidad penal sin un proceso y pruebas suficientes.
También cuestiona documentos de la JCE
Dentro del mismo expediente, Christopher incorporó otra controversia vinculada con sus litigios anteriores contra la JCE.
Alega que existen inconsistencias entre documentos y fechas utilizados por el órgano electoral en procesos conocidos ante el Tribunal Constitucional y solicita al TSE cotejar originales, sellos, firmas, registros de entrada y otras constancias.
El recurso pide que, si de esa comparación aparecen indicios de falsedad documental, se remitan las actuaciones a la autoridad competente.
Otro recurso sigue pendiente
El nuevo proceso se desarrolla mientras el TSE todavía tiene pendiente de decisión otro recurso promovido por Christopher contra 33 partidos y movimientos políticos minoritarios.
En ese expediente busca que pierdan su personería jurídica las organizaciones que, conforme a su interpretación de la legislación electoral, no cumplieron las condiciones necesarias para conservarla después de las elecciones de 2024.
El caso quedó en estado de fallo reservado tras una extensa audiencia celebrada en septiembre y todavía no ha sido decidido. Christopher informó que solicitará un pronto despacho para procurar una sentencia.
El fundador de Proyecto Visión Nación también mantiene procesos relacionados con el reconocimiento de esa organización y con su intento de presentar una candidatura presidencial independiente. Este último caso tiene igualmente audiencia fijada para el 8 de diciembre.
En cuanto al expediente sobre los fondos públicos, Christopher deberá completar antes de esa fecha las notificaciones pendientes a los partidos y movimientos demandados para que el TSE pueda continuar conociendo el recurso.




