La comisión especial de senadores que estudia el proyecto de ley orientado a fortalecer la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de recursos ilícitos en la política sostuvo este martes una reunión con partidos políticos, a la cual asistieron pocas de las organizaciones convocadas.
Aunque fueron invitados todos los partidos con representación en el Congreso, solo acudieron representantes del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), lo que provocó que el encuentro se desarrollara de manera breve.
Ante esta situación, la comisión decidió solicitar a cada partido sus opiniones y consideraciones por escrito sobre la pieza legislativa, las cuales serán analizadas en las próximas sesiones de trabajo.
Próxima reunión
Los senadores fijaron para el próximo martes la continuación del estudio del proyecto, encuentro al que fueron convocados Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), así como representantes de Participación Ciudadana.
Sobre la iniciativa
La iniciativa busca modificar la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos con el objetivo de reforzar los controles sobre el financiamiento político, impedir la entrada de dinero ilícito en las organizaciones y evitar que personas vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado aspiren a cargos de elección popular.
- Entre los principales cambios propuestos figura la modificación del artículo 49, que establecería nuevos requisitos de integridad para aspirantes, como la presentación de declaración jurada de patrimonio conforme a la Ley 311-14, certificaciones de no antecedentes penales, tanto en el país como en el extranjero en los últimos 15 años, y pruebas antidopaje actualizadas.
Asimismo, se plantean ajustes al artículo 56 para permitir la sustitución de candidaturas en casos de falsedad u omisión relevante en la información presentada por los aspirantes, ampliando las causales actualmente previstas en la legislación.
En materia de financiamiento, el proyecto modificaría el artículo 60 para obligar a los partidos a aplicar procedimientos de debida diligencia y controles internos sobre el origen, la trazabilidad y la identidad de los aportantes, con miras a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras formas de criminalidad organizada.
