La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley que modifica la actual legislación sobre los estados de excepción y que crea un nuevo régimen de sanciones que permitiría imponer multas, realizar retenciones y arrestos temporales, así como ordenar cierres de negocios a ciudadanos y empresas que incumplan las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo durante situaciones extraordinarias.
La iniciativa, autoría del diputado Eugenio Cedeño, modifica la Ley 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción, promulgada en el año 2018, y sustituye el actual esquema general de sanciones por un sistema detallado de infracciones leves, graves y muy graves.
Mientras la ley vigente apenas establece en un solo artículo que el incumplimiento de las medidas será sancionado “de acuerdo con las disposiciones de las leyes vigentes”, el nuevo proyecto aprobado incorpora más de 20 artículos que crean multas específicas, facultades operativas para la Policía y el Ministerio Público y mecanismos de retención de personas.
Los diputados frenan otra vez la reforma laboral que se tambalea tras más de un año de tropiezos
Entre las nuevas infracciones leves contempladas para ciudadanos figuran violar restricciones de circulación u horarios impuestos por el Poder Ejecutivo, incumplir medidas preventivas de salud o seguridad, resistirse a requerimientos de autoridades y hasta “agredir verbalmente” a agentes encargados del control del orden público.
El proyecto también establece infracciones graves y muy graves. Entre estas últimas se incluye huir de agentes policiales ante requerimientos de detención o registro, agredir físicamente a autoridades o reincidir en infracciones previas.
Retenciones y traslado
Uno de los puntos más amplios del proyecto es el procedimiento que podrán aplicar los agentes policiales durante un estado de excepción.
La pieza aprobada establece que la Policía Nacional podrá levantar actas de infracción de manera manual o mediante dispositivos electrónicos implementados por el Ministerio de Interior y Policía.
La iniciativa también autoriza al Ministerio Público a ordenar la retención de personas durante el horario restrictivo de circulación.
En casos de reincidencia, la persona podrá ser trasladada a destacamentos policiales y permanecer allí hasta que finalice la limitación horaria impuesta por las autoridades.
Multas y cierres para negocios
La propuesta de modificación a la ley también crea un régimen sancionador especial para empresas y establecimientos comerciales.
Las personas jurídicas que incumplan restricciones horarias, mantengan operaciones prohibidas o impidan medidas preventivas podrán recibir multas que variarían según el tamaño de la empresa.
Las microempresas serían sancionadas con multas de entre uno y dos salarios mínimos del sector público; las pequeñas empresas entre tres y cuatro; las medianas entre cinco y diez; y las grandes empresas entre once y veinte salarios mínimos.
Si existe reincidencia, el proyecto dispone que las multas podrán duplicarse y que las autoridades podrán ordenar el cierre temporal del negocio mientras permanezca vigente el estado de excepción.
Lo que dice la ley actual
La ley vigente, promulgada en el 2018, reconoce que durante estados de conmoción interior o emergencia pueden suspenderse derechos como la libertad de tránsito, reunión o inviolabilidad del domicilio, siempre bajo autorización del Congreso Nacional.
Sin embargo, en ningún artículo de la ley vigente se detallan las sanciones ni las consecuencias para quienes violen las disposiciones del Poder Ejecutivo.
Va a segunda lectura
Por pedimento de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el proyecto volverá al estudio del equipo antes de aprobarse en una segunda discusión y ser enviado al Senado.
El presidente de la comisión, el diputado Ramón Bueno, consideró que el proyecto aprobado llega “para llenar un vacío” en la ley actual sobre los estados de excepción ya que, por la experiencia con el coronavirus, las autoridades no tenían las suficientes garras legales para hacer cumplir las disposiciones durante el estado de emergencia por la pandemia.
