El gobierno dominicano autorizó este miércoles el uso de la firma digital cualificada para la aprobación de órdenes de pago en las instituciones públicas, con el objetivo de reducir los tiempos de procesamiento y mejorar la eficiencia administrativa.
La medida se aplicará a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y será validada mediante el Gestor de Firma Gubernamental (FIRMAGOB).
La disposición está respaldada por la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, que reconoce la firma digital como un mecanismo seguro para garantizar la autenticidad e integridad de documentos electrónicos.
Su aplicación será obligatoria para las entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, de la seguridad social, así como organismos no financieros que ejecutan sus operaciones presupuestarias y financieras mediante el SIGEF.
Resolución conjunta
La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el tesorero nacional, Luis Delgado.
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El Gobierno implementará firma digital para eficientizar aprobaciones de órdenes de pago
El ministro Díaz indicó que la iniciativa busca avanzar hacia una gestión pública más moderna y transparente, en línea con la política de eficiencia del Estado que impulsa el presidente Luis Abinader.
Aplicación gradual
La implementación será progresiva, conforme a un cronograma definido por el Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con la Contraloría, el Ministerio de Administración Pública y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).
Su uso será obligatorio para las entidades del Gobierno central, instituciones descentralizadas y organismos de la seguridad social que operan mediante el SIGEF.
Mayor control
Con esta medida, la Contraloría utilizará expedientes electrónicos firmados digitalmente para los procesos de fiscalización y control interno.
Las instituciones deberán reportar información sobre tiempos de procesamiento, órdenes de pago y posibles incidencias, con el fin de fortalecer la supervisión y la transparencia
