El 25 de abril último, una semana antes de que Gianni Infantino la reconociera en el Congreso de la FIFA de Vancouver por la inversión en el CAR de San Cristóbal dentro del programa Foward, la Federación Dominicana de Fútbol celebró su asamblea general con el menor quórum en décadas.
Apenas cuatro asociaciones (de 25 funcionales) y la LDF validaron la hoja saldada en 2025, que incluyó ingresos por 362.7 millones de pesos y gastos de 280.6 millones. Hubo un sobrante (o dinero no liquidado) de 82 millones, una cifra que sonroja a los clubes base, a quienes les falta utilería y torneos.
También aprobaron un presupuesto para 2026 que llegará hasta los 279.2 millones de pesos, una cifra a la que ninguna otra federación ni siquiera se acerca.
En el informe de 123 páginas, auditado por BDO, también aparecen como pendientes por definir en litigios en la justicia seis demandas civiles, dos penales y una laboral que libra la Fedofútbol con su expresidente Osiris Guzmán (1998-2018).
La demanda laboral es por reclamo del sancristobalense de 75.8 millones en prestaciones laborales, salarios y reparación de daños y perjuicios.
Las dos caras
Es una fotografía del fútbol dominicano de hoy. Luces y sombras. Hay 21 asociaciones y el sindicato de futbolistas que, a pesar de ofrecérseles ocho sesiones informativas, asignárseles abogados por región y otorgárseles prórrogas, han sido incapaces de culminar un proceso burocrático que parece tan simple como regularizarse.
En paralelo, se erige una infraestructura que nunca se tuvo y las selecciones nacionales (hembras y varones) alcanzan esferas no vistas antes. La absoluta seduce a figuras, crea ilusión, aunque requiere de estrategia mercadológica.
El fútbol dominicano aparece a las puertas del despegue, con muchos temas pendientes, en lo federativo y en una liga que 12 años después de nacer depende de la solidaridad de empresarios que no ven retorno.
- La Fedofútbol está recostada al extremo del aporte internacional (FIFA giró 181 millones de pesos y Concacaf 70.5 MM).
Las selecciones nacionales requirieron de 102.8 millones, la mayor mordida, seguida de la infraestructura (76 millones). Solo hubo 6.5 millones en utilería, casi cinco veces menos que el pago en sueldos y compensaciones (30.2 millones). Este último dobló lo agotado para torneos y competiciones.
Las asociaciones suspendidas (más otras siete que están en un limbo desde 2020) tienen todo un año para exigir un mejor reparto en la próxima asamblea.
