Los propietarios del centro de entretenimiento Jet Set presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para impugnar la modalidad de las medidas conservatorias impuestas en el proceso penal derivado del colapso del establecimiento, al considerar que su ejecución ha generado una afectación patrimonial superior a la autorizada por el tribunal.
La apelación, interpuesta por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial, no cuestiona el monto de la garantía fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción —RD$500 millones— ni la procedencia de la medida cautelar, sino la forma en que esta puede ser ejecutada por las víctimas.
Los recurrentes sostienen que la autorización concedida ha permitido que distintos actores civiles traben embargos e inscriban hipotecas judiciales de manera independiente, cada uno por hasta RD$500 millones, provocando una superposición de medidas que, según afirman, ya supera los RD$1,500 millones, tres veces el límite establecido en la resolución recurrida.
El recurso argumenta que esa situación desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, vulnera el principio de proporcionalidad y convierte una garantía única en múltiples afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.
Millones de pesos es la garantía que los abogados buscan que sea constituida mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora.
También sostiene que la legislación y la jurisprudencia permiten sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta asegura adecuadamente los derechos de los acreedores.
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En ese sentido, los abogados solicitan a la Corte revocar únicamente el ordinal de la resolución que regula la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y autorizar que la garantía de RD$500 millones sea constituida mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora de reconocida solvencia.
La defensa afirma que esa alternativa no reduce la protección de las víctimas, sino que la fortalece al concentrar la garantía en un único instrumento de ejecución inmediata, al tiempo que evita la multiplicidad de embargos, facilita el control judicial y elimina la posibilidad de que las medidas cautelares excedan el monto autorizado por el tribunal.
