El tribunal a cargo del juicio de fondo por presunta corrupción que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, conocerá nuevamente si el plazo máximo del proceso ya venció y si procede declarar la extinción de la acción penal, esta vez, a solicitud directa del propio exfuncionario.
Guerrero Ortiz no había hecho la petición porque tenía un recurso de apelación al rechazo de la magistrada que conoció la fase preliminar que se lo denegó.
Durante la audiencia de este miércoles, los abogados del exfuncionario depositaron la instancia de la Corte de Apelación que remitió al Tercer Tribunal Colegiado la solicitud de extinción de Guerrero para que sean las juezas de primera instancia que lo decidan.
Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado, Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez recientemente rechazaron una petición similar a varios acusados y, aunque Guerrero Ortiz no la había solicitado, mencionaron que el proceso contra este exfuncionario tiene casi seis años.
Los primeros imputados que presentaron la solicitud de extinción de la acción penal fueron Ángel Lockward, Manuel Milcíades Morillo Soto, Ramón David Hernández, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista, Juan Tomás Polanco Céspedes y Agustín Mejía Ávila. A todos se les rechazó.
Una vez rechazados, la defensa de Guerrero deberá analizar qué novedad puede aportar y que sea reconocida por los jueces.
Calderón es sometido a cirugía
Este miércoles se informó que el también acusado, el exsenador de Azua Rafael Calderón, quien tiene 83 años de edad, fue sometido a una cirugía debido a un accidente doméstico que tuvo.
Asimismo, la licencia médica que había sometido el excontralor general, Daniel de Jesús Caamaño todavía está vigente. Su abogado dijo que su cliente se comprometió a asistir en la próxima audiencia.
Por estas situaciones de salud de esos dos encartados, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo miércoles 14 de este mes de octubre.
En el proceso penal, que también incluye a los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el Ministerio Público ya empezó a presentar su acusación tras rechazarse la extinción de la acción penal a algunos acusados que la presentaron.
A los más de treinta imputados se les atribuye desviar, solo en el pago de terrenos declarados de utilidad pública más de 19 mil millones de pesos.
Asimismo, se les señala de pago de sobornos para ser utilizados en la campaña electoral de 2020 del Partido de la Liberación Dominicana.
Según el órgano acusador, los imputados también implantaron un esquema de extorsión sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda.
