El nuevo Código Penal está previsto para entrar en vigencia el próximo 3 de agosto, pero el debate sobre su aplicación ha dividido posiciones entre sectores políticos, jurídicos y legislativos, entre quienes apoyan una prórroga y quienes defienden su entrada inmediata con posibles ajustes posteriores.
Este martes, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) respaldó la propuesta de aplazar por aproximadamente seis meses la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, con el objetivo de corregir disposiciones que considera presentan incongruencias e incluso posibles inconstitucionalidades.
El presidente del gremio, Trajano Potentini, explicó mediante un comunicado de prensa que la normativa contiene aspectos que deben ser revisados antes de su aplicación, especialmente en lo relativo a posibles afectaciones a la libertad de expresión y otras conquistas democráticas.
Potentini indicó que el colegio suscribe la posición de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que plantea otorgar un plazo adicional de aproximado de seis meses para realizar ajustes al texto legal antes de su entrada en vigor.
«Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias detectadas y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales«, expresó.
Depositan propuestas de prórroga
En el Congreso Nacional fueron depositadas dos iniciativas para posponer la entrada en vigencia del Código Penal por seis meses adicionales.
Las propuestas fueron sometidas por el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien alegó que el tiempo actual es insuficiente para realizar las correcciones necesarias.
De igual forma, el senador Edward Espíritusanto, de la Fuerza del Pueblo (FP), también introdujo una propuesta similar para extender el plazo de aplicación de la normativa. Ambas iniciativas buscan dar espacio a revisiones del texto antes de su implementación.
Rechazan la postergación
Al rechazo de posponer la entrada en vigencia del Código Penal se sumó el dirigente peledeísta y exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien consideró que aplazar la normativa sería un retroceso en la lucha contra la criminalidad.
«Posponer el código penal es todavía más vergüenza para el sistema. Ya de por sí las legislaciones como el código procesal penal han sido flojas y torpes y no resuelven los problemas de lentitud costos e impunidad con el crimen. Si ahora posponemos el código penal es otro logro para el crimen. Si hay algo debe modificarse como el tema de la amenaza a la libertad de expresión y otros temas de manera individual que se discuta pero posponer es reconocer y premiar aún más el fracaso del estado de ser más efectivo en la lucha contra el crimen», afirmó.
Sostuvo que, en caso de ser necesario, lo correcto es modificar disposiciones específicas, como las relacionadas con la libertad de expresión, pero no retrasar la entrada en vigor de toda la ley.
De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también rechazó ayer, lunes, la propuesta de aplazamiento del Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el 3 de agosto.
El legislador aseguró que el país necesita con urgencia las herramientas que contempla la nueva normativa para enfrentar la criminalidad y sostuvo que el Congreso está abierto a futuras modificaciones, pero sin detener su implementación.
«Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que hace el hombre es perfectible. A futuro, cualquier tipo de modificación que se entienda necesaria se podrá hacer, pero no se puede demorar más la entrada del Código Penal. El 3 de agosto debe entrar en vigor y lo que se pueda revisar más adelante, lo haremos«, afirmó.
De los Santos advirtió que retrasar la aplicación de la ley podría favorecer al crimen organizado.
En ese sentido, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, coincidió en que hay algunos artículos del nuevo Código Penal que merecen ser ponderados nuevamente, pero rechazó que se posponga su entrada en vigencia.
Consideró que la sociedad necesita un Código Penal actualizado para enfrentar la criminalidad, por lo que la solución debe ser la revisión puntual de artículos y no la suspensión de la ley completa.
