La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y de manera cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas.
La institución informó este martes que la medida se adoptó luego de detectar «posibles vínculos societarios, comerciales y familiares» con personas y sociedades cuyos registros ya habían sido suspendidos en el marco de investigaciones por presuntos delitos contra la Administración pública.
Las empresas a la que se suspendieron los regitros son: Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
La DGCP informó que las conexiones fueron detectadas mediante procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de datos, que permitieron identificar coincidencias entre estas sociedades y proveedores suspendidos previamente.
El organismo explicó que la medida busca evitar que sociedades relacionadas con personas o estructuras societarias inhabilitadas puedan continuar participando de manera indirecta en los procesos de contratación pública.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, indicó que la decisión se sustenta en las facultades establecidas en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación núm. 52-26.
Según la institución, la suspensión responde a la existencia de un riesgo razonable de que las sociedades identificadas sean utilizadas como mecanismos indirectos para mantener la participación económica de personas o estructuras societarias previamente inhabilitadas.
Precisó que la decisión tiene un carácter preventivo, provisional y no sancionador, por lo que no determina responsabilidad penal ni administrativa de las empresas afectadas o de sus ejecutivos.
La suspensión
La medida fue dictada el 14 de septiembre y la DGPC dijo en una nota de prensa que permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones judiciales relacionadas con los casos de origen o hasta que se acredite la desvinculación o el cese de las circunstancias que dieron lugar a la suspensión.
Contrataciones Públicas sostuvo que la decisión procura preservar la transparencia, la libre competencia y el patrimonio público, así como evitar la elusión de medidas cautelares adoptadas previamente.
El acto administrativo fue remitido a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para los fines correspondientes.
