El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y con la coordinación de la Mesa de Ilícitos, desmanteló una estructura dedicada a la fabricación, etiquetado, envase y distribución de bebidas alcohólicas premium y de otro tipo, ubicada en San Cristóbal.
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Durante el operativo se decomisaron un total 25,496 mercancías ilícitas, con un valor estimado en 5.9 millones de pesos. Fueron incautadas 4,780 botellas de licor premium, listas para distribuirse, 75 galones de alcohol puro, 27 garrafones de cinco galones, 1,363 botellas de 700 mililitros y tres galones de melaza.
También 19,536 artículos ilícitos diversos y 1,542 botellas vacías, tapas, etiquetas falsas, precintos fiscales y herramientas de impresión (marcos serigráficos y troqueles), así como maquinaria industrial empleada para el mezclado y envasado de los productos.
La estructura operaba en una edificación de tres niveles, ubicada en la calle Primera del distrito municipal Doña Ana, en el municipio de Yaguate, donde se ejecutó una orden de allanamiento tras labores de inteligencia iniciadas en abril, con la interceptación de un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado.
Acciones seguirán
El titular del MICM, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, indicó que se continuarán realizando las acciones necesarias para que la República Dominicana continúe sin registrar ni una sola muerte por el consumo de vidas adulterada, como se ha logrado ya por más de cuatro años.
“Gracias a acciones como estas también logramos ser excluidos como país y mantenernos fuera de la lista de vigilancia del informe especial 301 publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en el 2024” añadió Sanz Lovatón al dar a conocer la información.
La ejecución contó con el acompañamiento de los fiscales Engers Reyna Manzueta, Wendy Martínez Garabito, Patricia Turbí y Aurelia Cuevas Román, pertenecientes a la Procuraduría Especializada para los Crímenes y Delitos Contra la Salud (Pedecsa), junto a inspectores de Proconsumidor.
Las autoridades advirtieron que estas estructuras violan la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación.
Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir neutralizando estos focos clandestinos para proteger la salud de la ciudadanía y frenar la evasión fiscal que impacta a la economía nacional.
