Al cierre del pasado 2025, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) recibió 901 demandas territoriales por contaminación sónica, lo que la convirtió en la denuncia más recurrente de todo el año.
En ese período, la institución registró 2,107 denuncias a través de la línea institucional *788, el correo electrónico, las redes sociales y las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género.
En sus memorias institucionales, el MIP establece que de ese total 780 casos fueron resueltos, mientras 678 se encuentran en proceso. De las solicitudes pendientes, 529 están bajo investigación, 29 en mediación y 91 fueron canceladas.
Según los datos oficiales, estas intervenciones permitieron asistir a aproximadamente 2,710,352 ciudadanos en todo el territorio nacional mediante procesos de atención, mediación y seguimiento de denuncias comunitarias.
Las estadísticas muestran que, además de la contaminación sónica, otras demandas recurrentes corresponden a solicitudes clasificadas como demandas varias (226), auxilio policial (194) y arreglo de calles (153). También se registraron reportes por falta de iluminación (121), expendio de bebidas (92) y ocupación de espacios públicos (90).
Otras denuncias estuvieron relacionadas con migración ilegal (65), carreras de motores (52) y robos y atracos (51), de acuerdo con el informe institucional.
149 denuncias en la línea 311
El MIP recibió y solucionó 149 denuncias a través del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311, en beneficio de la población, con una inversión de 37.6 millones de pesos del presupuesto asignado.
En el mismo período también se atendieron 95 expresiones ciudadanas mediante el Sistema de Administración 311. De estas, 84 corresponden a quejas, la mayoría vinculada con contaminación sónica, además de casos relacionados con indemnizaciones por parte de la Policía Nacional, demora para citas de servicio, certificaciones de vida y costumbre y denuncias sobre negocios de expendio de bebidas.
Supervisiones realizadas
Como parte de las acciones de control, las autoridades realizaron 264,615 supervisiones para verificar el cumplimiento de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas. Estas inspecciones también buscan prevenir la obstrucción de vías públicas, la contaminación sónica y la presencia de menores en estos establecimientos.
El informe señala que la gestión de denuncias y demandas territoriales contribuye a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta institucional. Además, permite identificar territorios con mayores incidencias y orientar la toma de decisiones a nivel provincial y municipal.
