Mientras el Estado fortalece su política migratoria para frenar el ingreso irregular de extranjeros a la República Dominicana, la Dirección General de Migración (DGM) libra una batalla interna contra alegados actos de corrupción que involucran a algunos de sus agentes.
Durante una conversación con reporteros de Diario Libre, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, reconoció que dentro de la institución se producen irregularidades, al referirse a las acusaciones de migrantes que afirman haber sido víctimas de cobros ilegales por parte de algunos miembros del organismo durante operativos de interdicción.
No obstante, aseguró que todos los casos son investigados y que, cuando existen evidencias, son remitidos al Ministerio Público para su judicialización.
“Ciertamente se producen irregularidades en una organización como esta, porque son muchos años, y cambiar y transformar instituciones requiere de mucho esfuerzo, constancia y reglas claras”, expresó.
Lee Ballester indicó que todas las denuncias recibidas por la institución son sometidas a investigación mediante una estructura integrada por tres áreas especializadas, con el propósito de fortalecer la respuesta institucional ante este tipo de casos.
En ese sentido, señaló que las investigaciones son desarrolladas por la Dirección de Inteligencia, el Departamento de Investigaciones y la Dirección de Asuntos Internos. Agregó que estos procesos cuentan con el apoyo de una unidad de Contrainteligencia, encargada de planificar y priorizar las indagaciones según el nivel de riesgo y la magnitud de la amenaza.
El funcionario informó que han recibido denuncias de presuntos cobros ilegales de ciudadanos haitianos, colombianos y venezolanos. Sin embargo, explicó que la mayoría de los casos involucran a migrantes del país vecino, debido a que representan el mayor grupo de personas en condición migratoria irregular en la República Dominicana.
En ese contexto, explicó que las personas pueden presentar reportes o denuncias sobre presuntas malas prácticas de agentes u otros miembros de la institución en los propios centros de procesamiento migratorios o a través del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311.
Los datos estadísticos
De acuerdo con el director general de Migración, hasta julio de este año la Dirección de Asuntos Internos manejaba 196 casos, de los cuales 27 correspondían a investigaciones por extorsión, sobornos y cobros irregulares.
Además, detalló que la institución registra investigaciones por otras faltas, entre ellas 11 relacionadas con sustracción de dinero, celulares y otros objetos, así como 11 expedientes por fraude documental.
Lee Ballester agregó que también se han abierto procesos por uso excesivo de la fuerza, irregularidades durante procedimientos de interdicción y sustracción de bienes institucionales.
En cuanto al trabajo del Departamento de Investigaciones, Lee Ballester informó que durante este año se han abierto 668 procesos investigativos, de los cuales 339 han sido concluidos, arrojando como resultado la cancelación de 88 empleados.
“Cuando hay evidencias suficientes pues se judicializan los casos”, explicó el funcionario, al destacar la coordinación que mantiene la institución con la Procuraduría General de la República, para investigar irregularidades internas y delitos relacionados con la trata y el tráfico de personas.
Por su parte, el general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, director de Inteligencia Migratoria, señaló que las investigaciones abarcan a todos los miembros de la institución, incluidos agentes, inspectores, choferes y auxiliares.
Cómo enfrentan las irregularidades
Lee Ballester afirmó que el principal desafío de la Dirección General de Migración para erradicar la corrupción es mejorar el perfil de los agentes que ingresan al organismo, por lo que la institución ha implementado procesos de selección más rigurosos y evaluaciones psicológicas, psicométricas y de conducta.
Como ejemplo, explicó que recientemente fueron seleccionados 300 jóvenes que iniciarán su formación como agentes migratorios, luego de un proceso en el que participaron más de 3,500 aspirantes.
