El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que el Gobierno ha comprometido más de 22,369 millones de pesos en contratos de alquiler de inmuebles entre 2021 y la actualidad, según datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
De acuerdo con la organización política, estas cifras corresponden a instituciones del Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas, excluyendo a los ayuntamientos y otros organismos del Estado.
En representación del partido, la dirigente y excandidata vicepresidencial, Zoraima Cuello, consideró que este nivel de gasto refleja la forma en que se están utilizando los recursos públicos y las decisiones adoptadas en materia de administración estatal.
En 2025, el gasto en la cuenta presupuestaria de alquileres y rentas de edificios y locales superó los 5,000 millones de pesos en el Gobierno Central, el nivel más alto del período.
Actualmente, existen 865 contratos activos registrados en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Para 2026, se contempla un presupuesto de 6,898 millones de pesos destinado a estos fines.
El PLD indicó que, si bien el Estado puede requerir el alquiler de inmuebles en determinados casos, cuestiona que se realice sin una política definida, en un contexto de demandas sociales.
“Este no es un dato menor, es una señal de cómo se están utilizando los recursos que aporta la ciudadanía y, sobre todo, de las decisiones que se están tomando con el dinero público”, expresó Cuello.
Concentración del gasto en instituciones
El partido vinculó este gasto con otras situaciones, como la falta de recursos para la indexación salarial, los ajustes en los combustibles y las limitaciones en los servicios de salud y la cobertura de la seguridad social.
Asimismo, advirtió que el 80 % del gasto en alquileres se concentra en 20 instituciones públicas, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar los criterios de planificación y el manejo de los recursos.
Cuello también señaló la existencia de contratos adjudicados a proveedores previamente sancionados por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Como ejemplo, mencionó el caso de la empresa Kury Limited, que, según indicó, mantiene contratos vigentes pese a haber sido suspendida por prácticas fraudulentas.
Ante esta situación, el PLD planteó la necesidad de realizar una auditoría integral de los contratos de alquiler desde 2021, así como la formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública que permita reducir progresivamente este tipo de gasto.
Además, propuso la creación de un inventario único de activos del Estado, orientado a mejorar la gestión, la transparencia y la planificación a largo plazo.
La organización afirmó que continuará ejerciendo su rol de fiscalización y seguimiento a la gestión pública.
