La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) denunció este miércoles que el destacamento de la Policía Nacional en Dajabón enfrenta una grave situación humanitaria que afecta a 52 personas privadas de libertad, quienes permanecen hacinadas en un espacio con capacidad aproximada para 15 individuos.
De acuerdo con un reporte de la institución, del total de personas recluidas, 17 están en condición de detenidas y 35 cumplen prisión preventiva, a la espera de ser trasladadas a centros penitenciarios.
Presos preventivos desde abril
A través de un comunicado de prensa, la institución advirtió que algunos de los presos preventivos permanecen en el destacamento desde abril de 2026, por lo que llevan varios meses durmiendo en el piso y enfrentando condiciones precarias en una instalación policial concebida para detenciones transitorias.
La Defensa Pública señaló que la situación es especialmente preocupante debido a que las 35 personas en prisión preventiva ya cuentan con medidas de coerción que ordenan su privación de libertad y deberían permanecer en centros penitenciarios habilitados para esos fines.
Según la ONDP, a pesar de que existen centros penitenciarios en Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez, las personas continúan recluidas de manera prolongada en una instalación policial que no reúne las condiciones adecuadas para ese propósito.
En ese sentido, informó que ha realizado gestiones ante la Fiscalía de esa provincia y el Ministerio de Justicia para procurar el traslado de los presos preventivos a centros penitenciarios adecuados. Sin embargo, la situación permanece sin resolverse.
Piden una solución urgente
Ante las condiciones denunciadas, el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, llamó a las autoridades responsables del sistema de justicia y penitenciario a adoptar medidas inmediatas.
“No podemos permitir que personas privadas de libertad permanezcan durante meses hacinadas y durmiendo en el piso de un destacamento policial que no está diseñado para una reclusión prolongada”, expresó Valentín Santos.
El director de la ONDP recordó que la privación de libertad no implica la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones humanas y adecuadas para las personas bajo su custodia.
También llamó a fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la custodia, traslado y administración de las personas privadas de libertad, para evitar que situaciones similares se prolonguen o vuelvan a repetirse.
