La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, reiteró este jueves que existe un fraude procesal en el juicio por corrupción administrativa que se le sigue al exfuncionario junto a otras personas.
En ese sentido, los abogados del excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2020, cuestionaron tanto el momento en que fue depositada la acusación como la forma en que el Ministerio Público obtuvo las pruebas periciales claves.
Según la defensa, la coordinación de los juzgados de la instrucción certificó haber remitido el expediente el 30 de abril de 2024, pero documentos con fe pública del Cuarto Juzgado de la Instrucción acreditan que fue recibido 14 días después, pese a que ambas dependencias se encuentran una al lado de la otra.
A través de un comunicado de prensa, el equipo legal planteó interrogantes sobre el paradero de la acusación y las pruebas durante ese intervalo, así como sobre la integridad de la cadena de custodia.
En materia probatoria, la defensa cuestionó la validez de varias pericias, al señalar que algunas fueron realizadas bajo instrucciones directas de fiscales e incluyeron extracciones de información de dispositivos móviles efectuadas antes de obtener la correspondiente autorización judicial.
Además, indicaron que se elaboraron informes financieros con documentos recabados sin orden judicial o en plazos técnicamente incompatibles con la elaboración rigurosa de dichos análisis.
La defensa de Castillo afirmó que la réplica del Ministerio Público no incorporó elementos probatorios nuevos y que la acusación descansa exclusivamente en una teoría sin respaldo en evidencia concreta.
“Se pretende llevar este caso a juicio como si fuera un acto de fe”, sostuvieron los abogados, quienes rechazaron que existan pruebas suficientes para vincular a Castillo con los hechos imputados.
Contexto del caso
Gonzalo Castillo es representado por los juristas Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas en el proceso, en el que se le acusa de haber participado en un esquema de corrupción administrativa durante su gestión como ministro de Obras Públicas.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el exfuncionario está vinculado a desvío de fondos públicos, lavado de activos, uso de empresas para ocultar o mover dinero y financiamiento irregular de actividades políticas.
