La defensa técnica de la empresa Dekolor, SRL solicitó formalmente al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el dictado de un auto de no ha lugar, tras asegurar que la acusación presentada por el Ministerio Público carece de sustento probatorio y vulnera derechos fundamentales.
Los abogados Vicmary García y Marino Feliz Rodríguez sostuvieron ante la magistrada Yanibet Rivas que los elementos de prueba ofertados por el órgano persecutor son insuficientes para fundamentar un juicio de fondo.
Según la defensa, la teoría del caso de la mano del órgano persecutor se basa en «suposiciones» que no cumplen con el rigor de hechos ciertos y demostrables que exige la normativa penal.
Impugnación de pruebas bancarias
Uno de los puntos centrales de la barra técnica fue el pedimento de liberación de las pruebas materiales números 7 y 8 del expediente, que consisten en la retención de dos cuentas bancarias de la entidad en el Banco de Desarrollo Industrial (BDI).
Según argumentaron dichas cuentas fueron incautadas por el Ministerio Público de forma irregular, alegando que no contaron con la debida autorización judicial previa.
- En ese sentido, calificaron la medida como una violación al debido proceso y solicitaron la devolución inmediata de los fondos retenidos.
Peticiones subsidiarias
Pese al pedimento del cese del proceso, los juristas plantearon de manera subsidiaria que, en el escenario de que el tribunal decida enviar el caso a juicio de fondo, se acojan íntegramente todas las pruebas y reparos presentados por la defensa.
Con esto, la empresa busca demostrar su inocencia y rebatir la acusación en la siguiente etapa procesal, reafirmando que las actuaciones del órgano persecutor han estado marcadas por irregularidades procesales que no deberían ser validadas por el tribunal.
