Los jueces del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana condenaron a 10 años de prisión a cinco personas acusadas de integrar una estructura criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos.
Los condenados son Kendy José Ramírez, alias “CDI”; Paola Moni Ochoa, apodada “Estella”; Matilde Aquino, alias “Marilyn”; Starlin Manuel Basker Vásquez; y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez, alias “Mello”.
Además de la pena, los sentenciados deberán pagar multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público. En el caso de Basker Vásquez y Rodríguez Martínez, se les impuso además el pago de una multa de 50,000 mil pesos.
El tribunal también ordenó el decomiso de los bienes ocupados durante la investigación, incluyendo vehículos de alta gama y dos inmuebles valorados en más de 10 millones de pesos.
Allanamientos y ocupación de sustancias
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana señaló en un comunicado de prensa que el 1 de junio de 2023 fueron ejecutados múltiples allanamientos simultáneos en puntos estratégicos de la provincia, que permitieron el arresto de varios integrantes de la estructura criminal.
Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis, además de armas de fuego, vehículos utilizados para la distribución de drogas, dinero en efectivo, registros contables de ventas, equipos electrónicos y laboratorios clandestinos destinados a la preparación y empaque de sustancias narcóticas.
Investigación financiera
Las autoridades indicaron que la Procuraduría Especializada Antilavado profundizó la investigación financiera del caso, logrando establecer cómo la organización convertía las ganancias del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles, vehículos de lujo, depósitos bancarios y otras inversiones, utilizando principalmente a Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino como presuntas testaferros.
El análisis patrimonial, financiero y documental permitió establecer una desproporción entre los ingresos lícitos reportados por los acusados y el valor de los bienes adquiridos, lo que sustentó las pruebas de lavado de activos y el decomiso de propiedades vinculadas a la red.
Las investigaciones determinaron que la organización, presuntamente encabezada por Kendy José Ramírez Aquino, operaba una red de venta y distribución de narcóticos en La Romana, utilizando testaferros, bienes muebles e inmuebles, así como el sistema financiero nacional para ocultar y legitimar recursos ilícitos.
Litigación
Los fiscales investigadores Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Johanny López Vargas, de la fiscalía de La Romana, realizaron una investigación financiera, documental, electrónica y de campo que permitió recolectar pruebas sobre la participación de los acusados y el origen ilícito de sus bienes.
La litigación estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota, quienes sustentaron el proceso judicial que culminó con la condena dictada por la jueza Denia Beras.
En ese sentido, indicaron que el proceso contra el también acusado Elvin Jacin Pérez, alias “Yonquely”, continúa pendiente, con audiencia fijada para el 23 de julio de 2026.
